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Cristina Kirchner y más de 200 funcionarios K presentaron recursos ante Corte para dilatar las causas en que se los investiga

Mientras el oficialismo trata de mantener “vivo” el juicio político contra la Corte en Diputados, Cristina Kirchner y ex funcionarios kirchneristas presentaron más de 200 planteos ante el máximo tribunal para dilatar los procesos en los que están investigados por supuesta corrupción antes de que cambie el gobierno.

En el Congreso afirman que la vicepresidenta “dio la orden” de continuar con ese proceso, aún sabiendo que no tienen ni tendrán los dos tercios de ambas cámaras para activarlo, “hasta el 10 de diciembre de este año” para así seguir horadando el prestigio del máximo tribunal. Así la comisión de Juicio Político, que dirigen de hecho los ultracristinistas Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés, siguen con esa tarea.

En tanto este martes, en su último acuerdo antes de la feria judicial de las vacaciones de invierno, los jueces de la Corte podría aprobar algún tema «caliente», aunque en general no deciden sobre causas “políticas” en medio de una campaña electoral. Ricardo Lorenzetti ya avisó que se toma licencia desde el lunes y Carlos Rosenkrantz, el día siguiente de ese acuerdo. Pese a la ausencia de Lorenzetti, hay una mayoría de tres.

Ese mismo día la comisión de Juicio Político citó a la presidenta del Banco Nación y exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, y el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

Sucede que en diciembre pasado la Corte sacó una cautelar ordenando al Gobierno nacional que le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, mientras decide la cuestión de fondo: la quita de fondos coparticipables que ejecutó el presidente Alberto Fernández sobre los fondos que maneja el precandidato presidencial y jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Para Astarola será un problema presentarse porque deberá responder preguntas sobre una causa que él impulsa ante la Corte y está en trámite.

Aunque la comisión pasará luego a receso hasta el 1° de agosto dos jugadas de los “operadores de Cristina”, como los llama la oposición, llamaron la atención. Por un lado, Tailhade hizo que la comisión pidiera una prueba de voz del ex ministro de Seguridad porteña Marcelo D’Alessandro por el tema coparticipación. Pero como no hay audios con carácter de prueba en ese caso, seguramente lo hizo para ir contra los jueces que viajaron a Lago Escondido en la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Por otro, Valdés presentó el viernes en la Biblioteca del Congreso el libro “Objetivo Cristina: El lawfare contra la Democracia en Argentina” donde él aparece como compilador y que publicó editorial CICCUS. Es la misma editorial a la cual el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que controlan los K, le entregó un subsidio de 6 millones de pesos para la “edición de libros, materiales de sensibilización, visibilización y difusión de las propuestas, valores y proyectos vinculados al sector de la economía popular social”. CICCUS “no es una cooperativa, ni una mutual” resaltó el diario El Mutualista. Tailhade y Valdés buscan su reelección y fueron puestos por Cristina en la lista de candidatos a diputados.

Mientras tanto, en el Máximo Tribunal tramitan recursos de causas en las que están investigados Cristina, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex vicepresidente Amado Boudou, la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, el ex titular de la AFI Ricardo Echegaray, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Obras Públicas José López, la ex procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, y el actual subprocurador Horacio Diez, entre otros. Diez fue uno de los testigos, la semana pasada, por la cautelar de la Corte sobre la coparticipación.

También presentaron planteos para tratar de demorar la tramitación de las causas en instrucción o en juicio oral en causas en las que están imputados Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación de Planificación Federal), Rafael Llorens (ex subsecretario Legal del Ministerio de Planificación) y Lisandro Salas (ex secretario de Comunicaciones).

La táctica de las defensas, en general, es formular planteos de forma y no cuestiones constitucionales, como pedidos de excepción de falta de acción, es decir que los hechos imputados no configurarían delito alguno. Así «perseguían el cierre anticipado de la investigación», explicó una fuente judicial a Clarín. Y lo hacen, en muchos casos, pese a haber tenido ya rechazos en las cámaras de apelaciones o en la Cámara Federal de Casación Penal.

Otra de las jugadas K consiste en hacer pedido de nulidad del requerimiento de instrucción de los fiscales y del llamado a prestar declaración indagatoria por supuesta “imprecisión” de la imputación, En esos recursos, también se solicita a la Corte la readecuación de la imputación con la incorporación de otros hechos a la investigación que darían, a criterio de las defensas, una idea completa de lo sucedido y demostrarían la inocencia de sus defendidos.

Algunas defensas incluso van a más atrás en la prehistoria de las causas con planteos de nulidad del sorteo por el cual se le asignó competencia para intervenir a un tribunal oral, la recusación de los jueces o la incompetencia de una jurisdicción.

También llegan a la Corte, con recursos en los que sostienen que el asunto “ya fue juzgado por otro tribunal y que se le negaron medidas de prueba durante el proceso” de instrucción.

Entre las tácticas también figuran recursos que se oponen a medidas de investigación tales como tasaciones y secuestro de bienes preventivos. Estos planteos reabren, señaló otra fuente, el debate sobre si es necesario acotar el número de apelaciones, reclamos o recursos que puede plantear una defensa.

Paradójicamente, algunos de estos abogados –que son los mismos que asesoran a Cristina y otros- guardan silencio cuando los jefes de sus clientes vulneran en forma grosera derechos de los “acusados” o testigos en el juicio político a la Corte en Diputados. Estas vulneraciones han motivado, incluso, quejas del gremio de los judiciales que dirige el histórico sindicalista peronista Julio Piumato.

A mediados del mes pasado, diputados de Juntos por el Cambio presentaron dos notas dirigidas a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para denunciar “avasallamientos y irregularidades” que se cometieron en la comisión de juicio político al abordar las denuncias relativas al funcionamiento de la Obra Social Judicial.

Los principales puntos de las notas presentadas por Juan Manuel López, Paula Olivetto, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Laura Castets, Mónica Frade, Ruben Manzi, Leonor Villada, Mariana Stilman y Mariana Zuvic, entre otros, son:

Falta de notificación del derecho a un abogado defensor. Es decir que las actuaciones probatorias de la comisión se desarrollaron «sin el control mínimo que exige el derecho de defensa en juicio». Este punto lo resaltó el diputado del PRO Alvaro Gonzalez en un reciente artículo en Clarín.

Falta de precisión respecto del sujeto acusado: “la responsabilidad por mal desempeño es absolutamente individual, personal; debe estar claramente atribuida y delimitada, de lo contrario caeríamos en una sanción arbitraria”, explicaron las fuentes.

● La Comisión incurre en este «vicio, que acarrea su nulidad al exhibir una insuficiente fundamentación e indicación concreta de las acciones que de modo personal e individual podrían atribuirse, por ejemplo, al juez Juan Carlos Maqueda».

● Supuesto de responsabilidad derivada y objetiva: «no hay un solo renglón en todo el expediente que demuestre que Maqueda tomó una decisión individual que pueda justificar los cargos que se le imputan». Incluso, en la causa penal que investiga el juez federal Ariel Lijo, Maqueda tiene sobreseimiento firme.

Falta de fundamentación, «es decir no hay relación entre los cargos y las pruebas».

● Se transita el juicio político sin método, plan de trabajo ni el orden propio de una instrucción sumarial.

Como precedente internacional en este tipo de situaciones, en junio de 2023, el Tribunal Constitucional de España resolvió que las comisiones de investigación parlamentarias “no pueden imputar hechos delictivos a los comparecientes porque vulneran su presunción de inocencia”, un principio universal de la Justicia.

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