Las compañías dicen que no cubren sus costos. Y que la paritaria cerrada por el Gobierno no los contempla.
El ministro de Economía, Sergio Massa, denominó “empresarios prebendarios” a varios vinculados al negocio de los colectivos. El ahora precandidato a presidente sabe que el Estado nacional se encamina a gastar más de $ 1 billón en subsidios al sector.
Los colectivos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano reciben un cheque de $ 52.000 millones mensuales, y esa cifra va en aumento. Desde que arrancó la administración de Alberto Fernández, el ministerio de Transporte estuvo ocupado por funcionarios cercanos a Massa. Es el caso de Mario Meoni, Alexis Guerrera y Diego Giuliano.
Ninguno de los tres hizo nada para modificar el esquema actual. El Estado cubre un 85% del costo de los colectivos. Los subsidios para mantener los precios bajos al pasajero arrancaron tras la crisis de 2001-02. Desde allí, llegaron las subvenciones para modificar todo.
Aunque los boletos de colectivo están aumentando mensualmente al ritmo de la inflación, las empresas dicen que lo abonado por los pasajeros apenas cubre un 15% de los costos. El resto lo aporta el Estado a través de las subvenciones.
Con un viaje a $ 50, el valor de Buenos Aires es uno de los más baratos del país. La mayoría de las ciudades del interior cobra el doble o más.
Las empresas de transporte automotor consideran que los $ 52.000 millones mensuales que les gira el Gobierno son insuficientes. Y argumentan que no les alcanza para cubrir los costos. Según sus estimaciones, la circulación de 18.500 unidades por el AMBA demanda $ 85.000 millones mensuales. En ese cuadro, pierden $ 33.000 millones mensuales.
“Los subsidios están mal calculados, con retrasos de 7 meses, y hasta se pagan con 3 meses de demora. Hace una semana, la deuda era de $ 40.000 millones”, expresaron desde las cámaras del sector.
El argumento empresario es que no pueden asumir «los costos de la paritaria ni los costos para operar normalmente, entonces pagarán los salarios de junio con la escala anterior».
“El ministerio de Transporte, responsable de los subsidios, quiso cerrar la paritaria con el gremio sin las empresas operadoras dentro de la negociación. Es ilegítimo y no está homologado”, acusan. “No están los fondos necesarios, ni por el subsidio ni por la tarifa para enfrentar el aumento paritario”, agregan. “Las paritarias representan un aumento de $ 16.000 millones desde abril”, describen.
«Transporte solo adelanta $ 6.500 millones de los subsidios para el aumento de junio. Pero no adelantó el retroactivo de abril y mayo, por $ 10.000 millones», refutan las empresas.
Menos de la mitad (46%) de los viajeros paga el precio que establece la SUBE. Los jubilados, pensionados, o sectores de bajos ingresos abonan una tarifa “con atributos”, es decir con un 55% de descuentos. Representan un tercio de los viajes. Los estudiantes también poseen este beneficio. La “integración” -que es cuando un pasajero toma varios colectivos seguidos, y recibe descuentos en el segundo y/o tercer viaje del mismo recorrido- también recorta los ingresos de los transportistas.
Los transportistas dicen que el Estado les reconocía, en mayo, un litro de gasoil a $ 226, cuando valía $ 271. También argumentan que Transporte considera que el costo de cada neumático es de $ 94.000, mientras que el precio de mercado de ese objeto es de $ 150.000. Para Transporte, cada unidad (coche) vale $ 21 millones, mientras que los colectiveros valúan ese bien en $ 64 millones.