El viernes previo a la devaluación de 18% del 14 de agosto la brecha cambiaria fue de 110%. Tres semanas después es de 107%.
La distancia entre el dólar mayorista oficial ($ 350) y los dólares libres (en este caso el blue de $ 725) es uno de los indicadores de la menor o mayor incertidumbre que tenga el mercado respecto de la posible estabilidad del mercado cambiario.
El Gobierno devaluó, pero la brecha no se cerró. La inestabilidad continúa, aun cuando el Fondo Monetario Internacional haya desembolsado los US$ 7.500 millones que el ministro Sergio Massa consideraba esenciales para tranquilizar a los mercados.
La velocidad del traslado a precios de la devaluación fue tal magnitud que al Gobierno le cuesta mucho hacerles creer a las empresas y a la gente que los aumentos de los precios de los productos de una canasta básica crecerán solo 5% por mes hasta fin de año.
Ni prometiendo que el dólar oficial se va a quedar quieto hasta el 15 de noviembre, ni pisando al máximo las importaciones, ni ralentizando el aumento de los combustibles o tratando de dar vuelta la suba de las empresas de medicina prepaga, el Gobierno ha logrado instalar la idea de que podría sobrevenir algún marco de estabilidad.
Un informe de la consultora Equilibra (Diego Bossio-Martín Rapetti) pronostica una inflación de 24% para el bimestre agosto-septiembre y de ahí en adelante una «desaceleración en torno al 9% en octubre, si el congelamiento del dólar, de las tarifas y los acuerdos de precios y una demanda en contracción consiguen evitar una espiralización inflacionaria».
Son muchos los condicionantes para frenar una inflación que demuestra no tener anclas de contención para una inercia que se sustenta en la certeza de que al Gobierno le faltan dólares y le sobran pesos.
Por un lado porque, después de pagar los créditos recibidos, de los US$ 7.500 millones del Fondo, solo quedaron US$ 3.080 millones depositados en la cuenta argentina en el FMI para pagar la cuota de octubre con el organismo de US$ 2.650 millones. Esto es, pocos dólares excedentes.
Del otro lado, sólo por los intereses de las Letras de Liquidez (Leliqs) que coloca el Banco Central en los bancos se emiten $ 1,8 billones a los que Massa le agrega $ 750.000 millones por el conjunto de aumentos y beneficios para compensar el salto de la devaluación.
A la fata de anclas efectivas para frenar la inflación se suman las propuestas de dolarización total que impulsa Javier Milei para el caso de llegar a la Presidencia.
La polémica sobre la posible dolarización total de la economía argentina subió fuerte de tono con el arranque en campaña de Carlos Melconian, un consultor de larga trayectoria, como posible ministro de Economía en el caso que Patricia Bullrich sea Presidenta.
Aunque con diferencias, los esquemas de dolarización propuestos desde el «mileismo» (Emilio Ocampo, Carlos Rodríguez, Héctor Rubini y Darío Epstein) chocaron con un concepto categórico de Melconian: «para hacerlo (dolarizar) se necesita licuación, plan Bonex o corralito».
Así puso el dedo en la llaga sobre un enorme costo que tendría la dolarización impulsada por Milei con el objetivo de cortarle a los políticos la capacidad de aumentar el gasto público o emitir dinero sin respaldo.
Equilibra hace un ejercicio partiendo de la base de que «un simple cálculo revela la inviabilidad del proyecto dolarizador».
Y lo fundamenta: «Si se dolarizara la base monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central a un dólar de $ 2.000 a valores de hoy, una suba de 150% del dólar blue y de 470% del oficial y se mantuviera la paridad de los bonos en 30 centavos, se tendría que volcar al mercado US$ 76.000 millones de nueva deuda».
La pregunta que sigue es ¿quién estaría dispuesto a comprar más deuda argentina cuando tiene cerca US$ 80.000 millones de títulos soberanos que ya cotizan al 30% del valor?
Una respuesta posible para los partidarios de la dolarización sería que esos bonos podrían ir a fondos de alto riesgo del exterior sobre los que siempre pesaría el fantasma del negociado.