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El equipo de Caputo desembarcó en Hacienda, preocupado por el déficit y los subsidios energéticos

El equipo económico del designado ministro de Economía Luis Caputo empezó a poner la lupa en el déficit primario y la dimensión de los los subsidios energéticos. Los hombres de quien conducirá esa cartera desde el 10 de diciembre ya visitaron dos veces en los últimos días al actual secretario de Hacienda, Raúl Rigo, para consultarlo sobre la herencia que recibirán en materia fiscal cuando desembarquen en la cartera encabezada por Sergio Massa.

En las reuniones, Martín Vauthier y Felipe Berón confirmaron que las cuentas públicas cerrarán con un déficit primario de por lo menos el 3% del PBI en 2023, 1 punto más de lo previsto por Sergio Massa debido al plan «platita» y la menor recaudación por el alivio en el impuesto a las Ganancias. Ese dato es clave para el presupuesto que se discutirá en sesiones extraordinarias y un desafío para alcanzar el equilibrio fiscal en 2024.

Los economistas de Anker, la consultora de Caputo, no son los únicos interesados en conocer esos números. El Fondo Monetario también está pendiente. En la gira en EE.UU la semana pasada, en la que sondeó apoyo financiero, Caputo ratificó ante el organismo que el ajuste fiscal para estabilizar la economía y reducir la inflación será muy superior al de 1 punto acordado por Massa para 2024.

Milei le encomendó un recorte de entre 5 y 6 puntos el gasto público para alcanzar el déficit fiscal «cero». El objetivo es cubrir los 3 puntos del déficit primario y 2 de intereses de deuda, una iniciativa de una magnitud con pocos antecedentes. Por caso, el equipo de Ricardo López Murphy se planteó un ajuste del 0,7% del PBI en 2001, una décima parte de lo que se propone ahora.

Dentro del gasto, los hombres de Caputo le pidieron a Rigo datos sobre los subsidios a la energía, que hoy representan 2% del PBI. En particular, se enfocaron en la administradora mayorista del mercado eléctrico, Cammesa. Esa empresa subsidia las tarifas de las boletas de luz. Con la segmentación tarifaria, hubo aumentos en esas facturas de hasta 500%, lo que redujo las transferencias a la firma.

En los primeros 10 meses, la administradora recibió $ 1.400.000 millones, por encima de los $ 1.050.000 del año pasado. En términos nominales, creció un 32%, pero si se descuenta la inflación, el gasto cayó un 40% real, según el informe de noviembre del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET). El otro motivo de la caída es porque disminuyeron los precios internacionales.

En el equipo del exministro de Finanzas de Macri temen encontrarse con gastos ocultos, pero desde la gestión de Massa aseguran que los números son transparentes. La obra pública (1,8% del PBI) es una de las principales partidas en la mira. La idea es dejar en pie aquellas en ejecución y frenar las nuevas, lo que ya genera tensiones con la cámara y el gremio de la construcción.

Otro rubro que será el núcleo del ajuste son las transferencias a las provincias (0,6% del PBI), en particular, los Aportes Transitorios de la Nación (ATN), una partida discrecional que incluye subsidios, asistencia social, fondos de salud y educativos. Ese capítulo junto al gasto en programas nacionales destinados a las provincias sumaría cerca de 5 puntos del PBI.

Los gobernadores acordaron con Massa la semana pasada el giro de $ 230.000 millones para pagar aguinaldos y sueldos. Los mandatarios respondieron así al llamado de Milei a que ajusten el gasto («no hay plata»), pese al superavit con el que cuentan la mayoría de las provincias, según reconocen fuentes oficiales. Cerca de Caputo, igualmente, saben que «no se puede cortar todo».

A 5 días de asumir el poder, uno de los mayores desafíos que enfrenta el presidente elector es encontrar un técnico que quiera hacerse cargo de la secretaría de Hacienda, el corazón de la motosierra. De una lista de varios candidatos, ninguno aceptó la oferta, incluido el economista jefe de FIEL, Daniel Artana, quien tendrá participación en otra área.

Rigo, por otra parte, niega haber recibido propuestas y dejará la gestión pública, después de casi dos décadas en diferentes administraciones. La dificultad para llenar casilleros se da en medio de fuertes peleas entre liberarios, macristas y exmenemistas. En efecto, algunos de los que declinaron su candidatura temen convertirse en fusibles de un plantel de «transición».

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