El proyecto del legislador Agustín Spaccesi sobre la creación del Tribunal de Casación (TC) que se mezcló –a propósito– en la agenda judicial del Poder Ejecutivo generó mucho ruido con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el arco halcón de la oposición.
Con el retorno en febrero a la labor parlamentaria, la iniciativa del libertario que plantea para su funcionamiento la designación de siete jueces y cuatro fiscales, pasará por comisiones y volverá a avivar el fuego de la polémica en medio del choque de fuerzas entre los halcones opositores y las espadas oficialistas.
Con ánimo de bajar tensiones con el TSJ y la Asociación de Magistrados de Córdoba que reclamaron un debate amplio, desde el poder que habita el Centro Cívico se rechazó que la iniciativa de Spaccesi sea de autoría de influyentes funcionarios provinciales.
“El de Casación no es un proyecto del gobierno”, afirmó una alta fuente del Panal, aunque en el ala halcón cambiemista descreen de esos dichos. “Es coincidente nuestra posición con la del TSJ en cuanto que necesita otros tiempos y acuerdos para poder avanzar”, remarcó el interlocutor con acceso a los principales despachos gubernamentales.
La oposición disparó munición pesada contra el proyecto libertario que es visto con buenos ojos entre los oficialistas. La radical Alejandra Ferrero señaló que la iniciativa “adolece de numerosos defectos como ser integrado a dedo, sin concurso previo, sin discutirse la necesidad y pertinencia de un fuero de casación en Córdoba”.
A su vez, la espada deloredista cuestionó que no fue consultado “con los actores involucrados, como son la Asociación de Magistrados, el Tribunal Superior de Justicia, el Colegio de Abogados de Córdoba y todos los interesados en la materia que puedan efectuar aportes que legitimen una ley tan importante arribando a consensos mínimos”.
Mensaje del Panal a la cúpula del Poder Judicial para aliviar tensiones: “Diálogo y consenso”
“No fue la manera ni las formas en que debiera avanzarse con un proyecto de semejante trascendencia para la vida jurídica de Córdoba”, fustigó la radical ante la movida pejotista de sumarlo a la agenda judicial de último momento, aunque su debate se pateó para el 2025.
Al asegurar que se trata de “un tribunal gemelo al TSJ”, la juecista Viviana Martoccia dijo que “evidentemente es autoría del Ejecutivo”. En su dura crítica, la opositora advirtió que sus miembros serán elegidos “por el poder político”, y para lo cual se destinarán “más recursos económicos en la cúpula y no en las bases del sistema judicial que es donde se necesitan”.
La juecista aseveró que es “inconstitucional” porque el proyecto “modifica la competencia material del TSJ, establecida en el artículo 165 de la Constitución Provincial, otorgándosela en parte al nuevo Tribunal de Casación”. “Un verdadero despropósito jurídico y político”, sentenció la integrante del Frente Cívico.
Por su parte, Spaccesi fundamentó que el Tribunal de Casación especializado “asegurará que las decisiones sean revisadas con mayor profundidad técnica”, y “reducirá los tiempos de espera en las revisiones judiciales, permitiendo un servicio más eficiente y satisfactorio para los ciudadanos”. El propio autor de la iniciativa pidió que haya un debate amplio en las comisiones.