El viernes, el gobierno publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1/25 del ministerio de Salud, que permite que el dinero de los aportes y contribuciones irá directamente a la prepaga, sin intermediación de las obras sociales, a menos que el afiliado exprese lo contrario. Para la Casa Rosada y, en particular, para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, es el «golpe final» contra un «negocio histórico de la casta sindical».
La decisión del Ejecutivo fue analizada por los dirigentes de las tres centrales obreras (la Confederación General del Trabajo, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma), aunque no hubo una declaración formal. De hecho, la CGT convocó para este lunes a una reunión de la llamada «mesa chica ampliada» donde se espera la presencia del líder del gremio Camionero, Hugo Moyano.
Reunión de la mesa chica de CGT para analizar la situación
El cónclave cegetista servirá además para analizar otras variables económicas y laborales, como así también el impacto político que tuvo la marcha LGTB, que contó con la participación de varios sindicatos. Fuentes gremiales adelantaron a iProfesional que se podría venir una ola de denuncias penales por «abuso de autoridad y defraudación».
La medida de la administración libertaria se da en momentos donde la relación con los gremios es ambigua. Mientras Sturzenegger, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios insisten con avanzar contra el movimiento obrero, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el asesor presidencial, Santiago Caputo ven que una alianza con cierto sector del sindicalismo le puede traer más beneficios que perjuicios.
Para el gobierno, todavía está pendiente la Mesa del Diálogo donde pretende convocar a empresarios y gremialistas, y hasta lo proyecta como un mensaje a la población para el segundo año de mandato de Javier Milei.
Cuáles son los cambios en el sistema de salud
Los voceros gremiales sostienen que los aportes de los trabajadores que tengan credenciales de una prepaga -aun teniendo su propia obra social- irán directamente a la prepaga y advirtieron por el impacto económico que podría tener las prestadoras de salud de los gremios. Un histórico especialista en la materia, referente de la CGT, afirmó que «este es el primer paso para la privatización total del sistema de salud».
Desde el gobierno, en tanto, detallaron que los afiliados tienen una obra social asignada desde el alta de la relación de dependencia. Entonces, el empleador deriva los aportes al fisco y estos van hacia las obras sociales, que pueden tener contratos y convenios con las empresas de medicina prepaga que reciben esos fondos. En esa triangulación, las obras sociales retienen un porcentaje que va del 3 al 10 por ciento.
A partir de este lunes, los afiliados tendrán 60 días para expresar su intención de continuar en el esquema anterior a través del trámite «Voluntad de Permanencia en Obra Social» que se creó junto a la Resolución 1/25. Antes de la resolución, los trabajadores debían hacer un trámite similar para abandonar el esquema de intermediación.
¿Beneficio para las prepagas? Alerta de funcionarios
Los sindicalistas apuntan que es una medida que permite incrementar el ingreso directo a la prepaga, sin la intermediación de las obras sociales, para evitar así nuevos aumentos en las entidades. La resolución también ordena la continuidad de aportes, sin la intermediación mencionada, mientras que los subsidios automáticos seguirán vigentes sólo en los casos en que las obras sociales no actúen como intermediarias, sino que presten efectivamente los servicios de salud.
La triangulación permitía que los afiliados con ingresos inferiores a las tarifas de las prepagas, podían acceder a estas a través de los convenios entre las empresas y las obras sociales. Se estima que las obras sociales que no prestan servicios, sino que actúan únicamente como intermediarias, queden en el camino.
En el ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones hay cierto temor por la reacción de los sindicatos, que ya tienen a sus abogados analizando la situación durante todo el fin de semana. La preocupación también llegó hasta algún funcionario, al que le puede caber una causa por «conflicto de intereses», ya que renunció como director de una prepaga para trabajar en el gobierno.