Este lunes se llevó a cabo la asamblea de productores agropecuarios en la Rural de Río Cuarto en protesta por la fuerte suba del inmobiliario rural aplicado por el gobierno de Córdoba.
El motivo que reunió a los 400 productores fue la determinación por discutir la problemática que genera el aumento del inmobiliario rural que excede en mucho, no solamente a la inflación anual que hubo en el país, que rondó el 118% según el Indec, sino y sobre todo, supera lo estipulado por el propio gobierno provincial que fijó el incremento en 172,5%.
Uno de los productores presentes detalló como ejemplo que el año pasado había pagado $1.276.000, mientras que el cedulón de este año llegó con la cifra de $3.880.000, lo que da un incremento de cerca del 210%, aún cuando en ambos períodos tuvo los mismos beneficios, por pago de cuota única y por pago online. Desmintiendo de esa manera lo planteado por los funcionarios provinciales que aseguran que se dan aumentos mayores en los casos, en que en un período ha habido beneficios impositivos y en el otro no.
Por otro lado y ante la ausencia tanto del gobernador Martín Llaryora y del ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, ambos invitados formalmente al encuentro de productores, Heraldo Moyetta, presidente de la entidad anfitriona, lamentó que “hayan desaprovechado la oportunidad para tener contacto directo con la realidad sobre la que gobiernan”, y en cuanto a la discusión sobre los importes que están llegando en los cedulones, Heraldo fue contundente: “entendemos lo que nos vienen explicando desde el gobierno provincial estos días sobre lo bien calculado que está el impuesto, pero lo cierto es que lo que tenemos que pagar está muy por encima de lo que ellos plantearon que tenemos que pagar”. Por eso, Moyetta declara determinado: “queremos un impuesto que sea justo, claro y que permita tener previsibilidad en la actividad que desarrollamos”.
Inmediatamente surgió el apoyo unánime por parte de los productores que hicieron uso de la palabra durante las casi más de tres horas que duró la Asamblea y el planteo coincidente respecto de que lo que buscan fue no eximirse de pagar, sino “pagar lo que corresponde, que sea un impuesto razonable y que haya transparencia en el retorno de esa recaudación en obras de infraestructura en los campos”, coincidieron.
Otro de los planteos que surgió recurrentemente tuvo que ver con la desprolijidad en el funcionamiento de Rentas y la falta de información clara por parte del organismo. Por ejemplo, mientras desde el gobierno provincial se asegura que habrá plazo para abonar la cuota única hasta el mes de mayo, en la página del organismo sólo existe la posibilidad de hacerlo en febrero. “Si un productor agropecuario trabajara con la desprolijidad como lo hace Rentas, habría que ver cuánto duraría en la actividad”, graficó uno de los presentes a modo de comparación.
También hubo una exigencia compartida respecto de que se vean las obras en las que el gobierno invierte lo que recauda del campo. Como sintetizó una productora de Villa Huidobro: “somos la caja más fácil pero, y en contrapartida, somos el sur olvidado, no tenemos obras de infraestructura, las escuelas rurales no paran de cerrar, tenemos que poner la plata para el combustible para que se arreglen los caminos y hasta nos vemos imposibilitados de agregar valor a nuestras producciones por las condiciones en las que nos vemos obligados a trabajar”.
Hubo también un fuerte llamado a avanzar de manera mancomunada, otro de los productores presente exhortó: “creemos que nos salvamos solos pero esa es una actitud que no nos sirve, si vamos a hacer algo tiene que ser unidos, trabajando con las instituciones que ponen el pecho y con una Mesa de enlace que vaya hacia donde los productores le digamos que vaya”.
Finalmente y luego de numerosas alocuciones acaloradas, Heraldo Moyetta llamó a pronunciarse respecto de los principales puntos sobre los que expresar el reclamo. En ese sentido, se acordó redactar un documento en el que se plantee claramente los siguientes ítems:
-Rechazo del aumento del 172,5% en el inmobiliario rural aprobado por la Legislatura provincial y exigir que el mismo no exceda el 118% de inflación anual que marcó el INDEC.
-Que se quite el cobro de la diferencia entre lo que determinó de aumento el gobierno provincial y lo que finalmente terminó aprobando la Legislatura y cuyo pago se exige de manera diferida en 2026.
-Que se explique el motivo por el cual se quitó el beneficio de 10% de descuento por pago de cuota única.
-Que se eficientice el funcionamiento de Rentas, en particular en la manera en que se ofrece la información sobre plazos y maneras de proceder respecto de los pagos.
-Que se transparente el uso que se hace del dinero que se recauda a partir de los impuestos que pagan los productores agropecuarios que debería traducirse en obras de infraestructura.