En línea con su política de achicamiento del Estado y reorientación del gasto público, el Gobierno de Javier Milei avanza en la primera obra de infraestructura gasífera encarada exclusivamente desde el sector privado.
Se trata de la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, una iniciativa que representa un cambio estructural en la estrategia energética nacional y que se enmarca dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), recientemente aprobado por el Congreso.
El proyecto, impulsado por la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS), contempla una inversión total de USD 700 millones, de los cuales USD 500 millones se destinarán a la expansión del gasoducto y USD 200 millones adicionales serán dirigidos a la ampliación del sistema regulado de TGS.
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Toda la financiación correrá por cuenta del sector privado, sin la utilización de fondos públicos, tal como establecen los lineamientos del nuevo esquema regulatorio impulsado por el Ejecutivo.
El acto de apertura de sobres se realizó este mediodía en las oficinas de ENARSA, donde se presentó una única oferta por parte de TGS. La propuesta incluyó una garantía por USD 5 millones, así como los documentos técnicos y económicos para la ejecución de las obras y la prestación de los servicios de operación y mantenimiento. A partir de ahora, se abre la instancia de evaluación por parte de las autoridades y la eventual adjudicación del contrato.
Con una capacidad incremental de 14 millones de metros cúbicos diarios —y la posibilidad de sumar 6 millones adicionales—, la obra busca asegurar el abastecimiento energético en los períodos de mayor demanda, especialmente durante el invierno. Según estimaciones del Ministerio de Economía, la entrada en operación del nuevo tramo permitiría al Estado alcanzar un ahorro fiscal de hasta USD 500 millones anuales por sustitución de importaciones de gas natural licuado (GNL).
Este tipo de proyectos privados son viables gracias al nuevo marco que establece el RIGI. Este esquema, aprobado recientemente, otorga previsibilidad jurídica, estabilidad fiscal y facilidades cambiarias a proyectos que superen los USD 200 millones, con el objetivo de atraer grandes inversiones estratégicas en sectores clave como energía, minería y agroindustria.
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En línea con esta visión, el Ejecutivo ya había anticipado, al inaugurar la reversión del Gasoducto Norte, que no se destinarían más fondos públicos a este tipo de obras. La estrategia busca promover un nuevo modelo de desarrollo energético basado en la inversión privada, la autosuficiencia en el abastecimiento y la reducción del peso del Estado en la economía.
Además de optimizar el uso de los recursos fiscales, la obra es considerada estratégica para mejorar la infraestructura que permita aprovechar el potencial deVaca Muerta, uno de los mayores reservorios de gas no convencional del mundo.
El objetivo es que la nueva capacidad esté operativa para el invierno de 2026, garantizando la respuesta a los picos estacionales de consumo y evitando situaciones críticas como las registradas durante la ola de frío de junio pasado.
La licitación nacional e internacional prevé la posibilidad de financiar las obras mediante la reserva de capacidad o el prepago de contratos de transporte, consolidando un modelo en el que el riesgo de inversión recae enteramente sobre el sector privado, en sintonía con los principios de eficiencia económica que el actual Gobierno busca reinstaurar en el sistema energético nacional.