Julio E. Marco-Franco (*)
Los últimos vaivenes arancelarios de la administración Trump evocan Above the Law (Andrew Davis, 1988), con un debutante Steven Seagal actuando al margen de la legalidad. Diversas publicaciones —The Atlantic, Politico Magazine, The Washington Post, The Guardian, El Diario (Carlos Paz), Semanario Universidad— coinciden en retratar a Trump como un megalómano autoritario que impone su voluntad incluso a aliados tradicionales, con un estilo patrimonialista y transaccional, basado en un cálculo utilitario: «¿qué gano yo con esto?». Las normas jurídicas de un Estado se aplican con el principio de territorialidad, no al antojo del autoproclamado «amo del mundo». El recurso, ya manido, a la seguridad nacional no justifica cualquier arbitrariedad. El despido de Erika McEntarfer, comisionada federal para estadísticas laborales —un cargo independiente— por cifras de desempleo que no complacieron a Trump, o los insultos de «cabezota idiota» a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, son ejemplos recientes de autoritarismo.
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Trump está demostrando que los aranceles no buscan mejorar el balance económico del país, sino que se han convertido en una forma de chantaje. No sorprende que, mientras preparaba este artículo, se publicara un artículo de Eleonora Gosman (PERFIL, 1/8/2025), sobre las motivaciones políticas tras la disputa entre Trump y Lula. Otro tanto puede decirse del arancel del 35 % a Canadá, como represalia por reconocer al Estado palestino. España también fue amenazada con un aumento de tasas por no elevar su gasto militar.
Esto no les gusta a los autoritarios
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En el caso de Brasil, como apunta Gosman, el Departamento del Tesoro ha sancionado al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes — bloqueando sus tarjetas VISA y MasterCard— y amenaza con aranceles del 50 % por procesar a Bolsonaro, aliado de Trump. Paradójicamente, la ley, o «la caza de brujas», según Trump, se aplica solo contra sus aliados: Bolsonaro o Netanyahu. Aún se recuerdan los chantajes de EEUU a los fiscales de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda y Karim Khan. Usar el poder militar y económico para cesar a funcionarios independientes, presionar tribunales, castigar disidencias o premiar lealtades se asemeja más a un sistema autoritario de corte mafioso que a una democracia consolidada.
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¿Cómo afecta todo esto a Iberoamérica? Además del caso brasileño, en México ya se observan efectos en las maquilas: menor competitividad, pérdida de empleo e inflación a ambos lados de la frontera. En Argentina, la presión
arancelaria es relativamente más favorable, con un 10 %. Tras severos ajustes fiscales, el gobierno de Milei ha superado la primera revisión y se prevé el desembolso del FMI por 2.000 millones de dólares para afrontar vencimientos de deuda. El Fondo ha ajustado a la baja las metas de acumulación de reservas hasta 2025, sin modificar el objetivo final de 2027, lo que genera inquietud. También preocupa la depreciación del tipo de cambio informal. Las tasas de caución superan el 36 % y los inversores reclaman certidumbre ante la licitación de bonos en agosto.
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Con elecciones legislativas en noviembre, la oposición busca capitalizar el malestar social, mientras el Ejecutivo insiste en que la inflación retrocede y que el equilibrio fiscal llegará antes de fin de año. Presume de un crecimiento interanual de la recaudación del 42,7 % (enero-julio), un 4,8 % real, con una recaudación acumulada de 104 billones de pesos. Iberoamérica observa con incertidumbre el tablero global, atrapada entre tensiones externas y crisis internas, mientras un líder que confunde fuerza con legitimidad actúa por encima de la ley, estrangulando el Estado de derecho y socavando el respeto institucional a nivel internacional.
(*) Julio E. Marco-Franco es doctor en Derecho y Economía. Máster en Periodismo.
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