La gestión del presidente Javier Milei presenta un panorama dual según los últimos estudios de opinión pública. Por un lado, los índices de aprobación personal se mantienen en niveles considerados razonables y por encima de los registrados por expresidentes en momentos equivalentes de sus mandatos. Por otro, las expectativas de la ciudadanía sobre una mejora futura de la situación económica y social han comenzado a mostrar una tendencia negativa marcada.
Un contraste entre la imagen y las perspectivas
Datos de consultoras privadas y académicas coinciden en señalar esta divergencia. La aprobación de la gestión presidencial se ubica en torno al 37%, cifra que supera la que tenían Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Mauricio Macri en fases comparables de sus administraciones. No obstante, este número representa el punto más bajo desde la asunción de Milei, retornando a los niveles previos a las elecciones legislativas de septiembre pasado.
La encuesta de la Universidad de San Andrés refleja un cuadro similar, con una satisfacción general con la marcha del país del 33%, lo que implica una caída de siete puntos porcentuales desde diciembre. La desaprobación, en tanto, trepó al 59%.
La preocupación por el futuro inmediato
El dato más alarmante para el oficialismo se encuentra en la dimensión dinámica. Las expectativas de que la situación mejore en el próximo año cayeron cinco puntos en el último mes, situándose en el 35%. Esto representa una merma de diez puntos desde fin del año pasado. Según la misma medición, apenas un 16% percibe una mejora en los últimos tres meses, un indicador que se desplomó once puntos en treinta días.
Por el contrario, la percepción de que las cosas empeorarán se mantiene firme en el 53%. Una visión aún más pesimista surge de la consulta universitaria, donde el 46% cree que el país estará peor dentro de un año.
Factores que erosionan el ánimo social
Analistas identifican tres vectores principales que alimentan este cambio en el clima colectivo. El primero es la palpable paralización de la actividad económica en sectores sensibles para la población, con el consumo a la cabeza. El segundo, directamente asociado, es un cambio en las prioridades ciudadanas, donde comienzan a predominar la preocupación por la conservación del empleo y la defensa del poder adquisitivo de los salarios.
El impacto de los escándalos
El tercer factor es la emergencia de presuntos casos de corrupción dentro de la órbita gubernamental, que se recortan con nitidez sobre el paisaje del malhumor social. La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha ocupado la primera plana en los últimos días, no solo por los hechos investigados sino también por las contradicciones y lagunas en sus explicaciones públicas sobre la declaración de su patrimonio.
Un desafío para la gobernabilidad
Las expectativas sociales son un componente crucial para la estabilidad política de cualquier gobierno. Para una administración que carece de mayorías propias en el Congreso y de un despliegue territorial sólido, como es el caso de La Libertad Avanza, este factor adquiere una importancia aún mayor. Los dirigentes opositores suelen tender a colaborar cuando perciben que sus bases apoyan las medidas oficiales, pero se distancian rápidamente cuando el clima social se torna negativo, aun cuando consideren aceptable la gestión.
La gran incógnita que se abre en el escenario político es cuándo y cómo la combinación de estos factores negativos podría catalizar la aparición de una alternativa opositora con peso electoral. Ese actor, por el momento, no está a la vista. El futuro inmediato dependerá, en gran medida, de la capacidad del Gobierno para revertir la declinación en las expectativas y recuperar la iniciativa política.