Un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos revocó este viernes una sentencia de primera instancia que condenaba a la Argentina y a YPF a abonar una indemnización de 16.000 millones de dólares. La decisión judicial, emitida por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, dejó sin efecto el fallo de la jueza Loretta Preska y eximió al Estado nacional de esa obligación millonaria.
Reacciones políticas tras el fallo
La noticia generó inmediatas reacciones en el arco político. En un acto público en Quilmes, el diputado nacional Máximo Kirchner vinculó el proceso judicial con la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. «La causa por la que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina tiene que ver con esa nacionalización de YPF», afirmó el legislador, defendiendo la decisión de 2012.
Posicionamiento de la CGT y la respuesta oficial
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el que celebró el fallo estadounidense y defendió la recuperación de la empresa petrolera. «La nacionalización de YPF no fue un capricho», señaló la central obrera, argumentando que la medida permitió el desarrollo de Vaca Muerta como fuente de energía y empleo. Simultáneamente, cuestionó al presidente Javier Milei por lo que consideró una postura ambigua frente a los fondos de inversión involucrados en la demanda.
Desde el Gobierno nacional, el presidente Milei celebró el resultado judicial, aunque mantuvo su crítica conceptual a la expropiación. El mandatario había calificado la posible condena como «el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas» y reiteró su postura de que «expropiar está mal porque robar está mal».
Trasfondo de una disputa legal de años
El litigio se originó tras la decisión del gobierno argentino, en 2012, de recuperar el control mayoritario de YPF, empresa que había sido privatizada en la década de 1990. Accionistas minoritarios, a través del fondo Burford Capital, iniciaron la demanda alegando que no se había realizado una oferta pública de compra previa. La reciente resolución de la justicia neoyorquina marca un punto de inflexión en este extenso conflicto legal internacional.
El fallo representa un alivio significativo para las cuentas públicas argentinas, al evitar un desembolso cuantioso en un contexto de restricciones fiscales. Analistas legales destacan que la argumentación de la defensa argentina, centrada en aspectos jurisdiccionales y de derecho corporativo, fue clave para revertir la sentencia inicial.