El Poder Ejecutivo retomó las gestiones para impulsar una normativa que agrave las sanciones por presentar acusaciones falsas ante la Justicia. El proyecto, que había perdido estado parlamentario, es objeto de una nueva estrategia de negociación que tiene como eje central conseguir el aval de las provincias.
El núcleo de la propuesta y las resistencias
La iniciativa apunta a modificar el Código Penal para establecer condenas de prisión efectiva, que podrían oscilar entre uno y tres años, para quienes realicen denuncias de hechos que no ocurrieron. En casos considerados agravados, como aquellos vinculados a delitos de violencia de género o abuso, las penas podrían ascender a un máximo de seis años de cárcel.
Sin embargo, desde varios gobiernos provinciales surgieron críticas contundentes. El principal argumento es que una ley de alcance demasiado amplio podría generar un «efecto desaliento», inhibiendo a víctimas reales, especialmente de violencia intrafamiliar o de género, de realizar las denuncias correspondientes por temor a eventuales represalias legales si su caso no logra probarse.
Modificaciones en la redacción para lograr consenso
Frente a este escenario de reparos, el oficialismo optó por no insistir con el texto original y comenzó a delinear ajustes. El objetivo declarado es precisar los alcances de la figura para evitar interpretaciones extensivas.
Uno de los cambios centrales que se discuten es incorporar de manera explícita que solo serán punibles los casos donde se pueda demostrar la intención deliberada de engañar a la Justicia. La reformulación busca establecer una diferencia clara y legal entre una «denuncia falsa» y una «denuncia fallida» por falta de pruebas.
Asimismo, se evalúa incluir salvaguardas o especificaciones particulares para los procesos judiciales por violencia de género, ámbito donde las advertencias sobre un posible impacto negativo son más enfáticas.
Un camino legislativo condicionado
El respaldo al proyecto, incluso con las modificaciones, no es unánime. Mientras algunos mandatarios provinciales ven los cambios como una señal de diálogo, otros mantienen una postura de escepticismo y exigen garantías más firmes.
Desde el entorno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la iniciativa, se argumenta que las acusaciones maliciosas dañan a personas inocentes y socavan la credibilidad del sistema judicial, por lo que se requiere un marco legal más severo.
El destino final de la propuesta dependerá de la capacidad del gobierno nacional de construir acuerdos que trasciendan el ámbito del Congreso y consigan el apoyo necesario en el Senado, donde la representación de las provincias es determinante. Por ahora, el proyecto avanza en un delicado equilibrio entre el impulso político y una negociación aún abierta.