Una ley provincial y su decreto reglamentario establecen que la información patrimonial detallada de legisladores y funcionarios es de carácter reservado, accesible solo mediante requerimiento judicial.
La provincia de Santa Cruz cuenta con un marco legal que limita el acceso público a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de sus funcionarios, legisladores y del propio Gobernador. La normativa, estructurada entre 2008 y 2009, divide la información en una declaración de carácter público, con datos filiatorios, y un anexo reservado que contiene los detalles patrimoniales y financieros.
La Ley Provincial N° 3034, sancionada en 2008, estableció la obligatoriedad de la presentación anual de la declaración jurada para los funcionarios de los tres poderes del Estado. Sin embargo, también sentó las bases para que dicha información no estuviera sujeta al libre acceso ciudadano. Posteriormente, el Decreto Reglamentario N° 1119/09 de 2009 implementó el mecanismo práctico, disponiendo que el contenido sensible (como valuación de inmuebles, cuentas bancarias o participaciones societarias) se presente en un sobre cerrado bajo estricta confidencialidad.
Este anexo reservado solo puede ser abierto mediante un requerimiento judicial en una causa penal o por una investigación administrativa interna, excluyendo explícitamente a la prensa y a los ciudadanos particulares como sujetos habilitados para solicitarlo. La Subsecretaría de Ética Pública de la provincia, autoridad de aplicación, publica en el Boletín Oficial la lista de funcionarios que entregaron su declaración, pero el escrutinio público se limita a la confirmación de la entrega, sin acceso al contenido patrimonial.
Santa Cruz se encuentra entre las 12 provincias del país donde las declaraciones juradas de los funcionarios son consideradas reservadas o secretas por ley, un grupo que también incluye a Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Fe, entre otras.