La Secretaría de Fiscalización y Control Ambiental, creada por ley, aún no ha iniciado las tareas de evaluación e inventario de los pasivos históricos de la actividad petrolera, anunciadas para noviembre de 2025.
La Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental de Santa Cruz, organismo creado en cumplimiento de la Ley 3885, tiene entre sus funciones velar por el equilibrio ecológico en zonas afectadas por la industria petrolera y minera. Según se informa, las tareas de evaluación, fiscalización e inventario del pasivo ambiental en la zona norte de la provincia, anunciadas oficialmente en noviembre de 2025, no habrían comenzado aún.
El inventario, que debe realizarse en un plazo de seis meses según lo anunciado, requiere para su aprobación la firma del secretario de Estado Gastón Farías. El plazo establecido se cumpliría entre mayo y junio de 2026.
El marco legal para estas tareas se basa principalmente en las leyes provinciales 3117 y 3122, complementadas por el Decreto 2306 y la Disposición 119-SMA-12, que detallan las obligaciones de remediación e inventario.
En otro aspecto, se recuerda que el denominado Acuerdo Petrolero no fue tratado por la Cámara de Diputados provincial. Para los trabajos ambientales, YPF contrató a la FIUBA. En este contexto, se menciona que el gobierno provincial había planteado a las nuevas operadoras de áreas maduras la posibilidad de que se hicieran cargo de tareas de remediación, propuesta que fue rechazada por las empresas al no estar contemplada en los pliegos licitatorios originales.