Un legislador provincial presentó una iniciativa para modificar el régimen actual y establecer el acceso público y gratuito a las declaraciones patrimoniales, alineando la normativa local con el sistema nacional.
El diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) ingresó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley que propone modificar las Leyes Nº 3.034 y Nº 3.325. El objetivo principal es establecer el carácter público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios públicos provinciales.
Entre los puntos centrales de la reforma se encuentran:
- Acceso Público, Gratuito y Digital: Las declaraciones juradas serán de libre consulta para cualquier persona a través del sitio web oficial del Poder Ejecutivo Provincial.
- Inclusión de candidatos: Se sumaría a la lista de obligados a presentar la declaración a los candidatos a cargos públicos electivos a nivel provincial.
- Unificación con ARCA y levantamiento del Secreto Fiscal: Las declaraciones públicas serán idénticas a las presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin que rija el secreto fiscal para este fin, excepto para la información de un anexo reservado.
- Protección de la Privacidad (Anexo Reservado): Se crea un anexo reservado para ocultar datos personales y patrimoniales sensibles del funcionario y su grupo familiar directo, equilibrando el interés público con el derecho a la intimidad.
- Derogación de artículos restrictivos: Se propone derogar los artículos que actualmente limitan el acceso a esta información.
La iniciativa busca alinear la legislación santacruceña con la Ley Nacional 26.857, que rige el sistema de declaraciones juradas a nivel nacional. El proyecto plantea revertir el régimen actual, considerado restrictivo, donde el acceso solo es posible mediante pedidos judiciales, comisiones investigadoras o solicitud del propio interesado.
El propósito declarado es que los ciudadanos puedan conocer y verificar el patrimonio de quienes administran o aspiran a administrar recursos del Estado, facilitando el control social. La normativa también prevé sanciones para el uso indebido de la información, exceptuando la difusión periodística.
El proyecto pasará a tratamiento en la Cámara de Diputados y deberá ser analizado en comisiones.