El anuncio gubernamental sobre la postergación del proyecto contrasta con un amplio operativo de seguridad y la convocatoria sindical a movilizaciones, generando incertidumbre sobre su tratamiento legislativo.
La Ministra Belén Elmiger informó que el Proyecto de Emergencia no ingresaría a la Cámara de Diputados este jueves. Sin embargo, un despliegue inusual de fuerzas de seguridad alrededor de la Legislatura y en puntos céntricos de la ciudad, donde se observan móviles policiales y retenes, genera dudas sobre la agenda oficial. Este operativo coincide con la convocatoria de sindicatos a movilizarse en contra de la aprobación de la iniciativa.
Según el gobierno provincial, el refuerzo de la seguridad estaría vinculado a la presencia de ejecutivos de empresas petroleras que mantendrían una reunión con el gobernador. Desde los gremios cuestionan la «desproporcionalidad» de estas medidas, argumentando que no hay intención de afectar a quienes, supuestamente, delinean políticas de inversión para la provincia.
Fuentes legislativas indicaron que, si el proyecto ingresa antes de las cinco de la tarde, podría tomar estado parlamentario. No obstante, señalaron que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para una aprobación sobre tablas al día siguiente. Incluso si pasa a comisiones, donde el gobierno tiene mayoría, existen versiones sobre posibles disidencias internas por el «costo político» que implica la ley.
Otras fuentes gubernamentales consideran que insistir con el proyecto genera un conflicto social. Mencionan que, más allá de los dichos de la ministra Elmiger, el Ejecutivo está abocado a reuniones, incluso sobre la Mesa del Salario de la policía, en una tarea de «convencimiento» para reducir la resistencia a la norma.
Desde la Cámara de Diputados se remarcó que, actualmente, «no hay manos» para aprobar la ley, ya que el oficialismo necesitaría asegurar 12 votos. La posición de algunos legisladores, como Pedro Muñoz (CC-ARI) o el presidente del cuerpo Fabián Leguizamón, se presenta como incierta, lo que podría derivar en un voto «no positivo».
En paralelo, el Frente Gremial avanza con reuniones con diputados y mantiene su intención de dificultar el tratamiento de la ley, que es considerada un tema nuclear para el gobierno provincial, pero que enfrenta una fuerte resistencia incluso dentro de sus propias filas.