Un decreto nacional permite a la provincia licitar la gestión de rutas a empresas privadas o mixtas, que financiarían mejoras mediante el cobro de peajes.
El Gobierno nacional formalizó, mediante el Decreto 253/2026, un nuevo modelo que habilita a Santa Cruz a concesionar rutas nacionales dentro de su territorio. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, permite otorgar concesiones de obra pública bajo el sistema de peaje para financiar la reparación, mantenimiento y ampliación de corredores estratégicos.
Santa Cruz forma parte de un grupo de nueve provincias alcanzadas por la normativa, junto a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y San Juan. El objetivo central es avanzar en un esquema de descentralización que otorgue mayor protagonismo a las jurisdicciones provinciales en la gestión de obras viales.
La provincia podrá licitar contratos a empresas privadas, mixtas o entes públicos, que se encargarán de ejecutar obras y mantener los tramos asignados a cambio del cobro de peajes u otros mecanismos de financiamiento. Sin embargo, la titularidad de las rutas continuará en manos del Estado nacional, que mantendrá la supervisión técnica y el control de los contratos.
Los convenios deberán firmarse con la Dirección Nacional de Vialidad y contar con la aprobación de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El esquema establece concesiones por un plazo máximo de 30 años y exige que los fondos recaudados por peajes se destinen exclusivamente al mantenimiento y mejora de los tramos concesionados.
Además, las provincias deberán convocar a licitación dentro de un año desde la firma de los convenios; de lo contrario, la delegación quedará sin efecto. La medida abre la posibilidad de implementar peajes en rutas nacionales dentro de Santa Cruz, en un contexto marcado por el deterioro de la red vial y la necesidad de inversiones urgentes.
Mientras el Gobierno sostiene que el modelo permitirá optimizar recursos y mejorar la conectividad, el esquema podría generar debate por el costo del transporte y su impacto en usuarios y economías regionales. El decreto se apoya en el régimen de concesión de obra pública establecido por la Ley 17.520 y en los lineamientos de reorganización estatal definidos en la Ley 27.742.
De esta manera, Nación busca avanzar hacia un modelo de gestión más descentralizado, con participación del sector privado y foco en la eficiencia operativa de la infraestructura vial.