El Gobierno Nacional transfirió a la provincia la gestión de rutas nacionales, autorizando la implementación de concesiones con peaje por hasta 30 años. Los fondos deberán reinvertirse en el mantenimiento vial.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 253/2026, ha delegado a la provincia de Santa Cruz la facultad de gestionar las rutas nacionales dentro de su territorio. El punto central de la medida es la autorización para implementar un sistema de concesiones con peaje por un plazo de hasta 30 años.
Según el decreto, los fondos recaudados deben reinvertirse exclusivamente en el mantenimiento y mejora del tramo concesionado. La provincia tiene un plazo de un año para llamar a licitación una vez firmados los convenios específicos con Vialidad Nacional; de lo contrario, la delegación de facultades caduca.
El mecanismo introduce cambios en la lógica de la obra pública vial: la responsabilidad de las rutas pasa de la Nación a la provincia, y se habilita el financiamiento privado a través del flujo generado por los peajes, en lugar de depender de partidas presupuestarias directas.
El decreto estipula requisitos de transparencia y competencia en los procesos licitatorios. La normativa establece que la recaudación debe destinarse exclusivamente a la ruta concesionada.
La provincia de Santa Cruz tiene ahora la tarea de ejecutar este marco normativo en un plazo acotado, en un contexto donde la infraestructura vial requiere atención.