El ENARGAS aprobó un nuevo marco normativo para autorizar obras de ampliación en redes de distribución de gas natural, con el objetivo de simplificar procesos, mejorar la consistencia técnica y adaptar los criterios económicos a la realidad del sector.
El ENARGAS aprobó un nuevo marco normativo para autorizar obras de ampliación en redes de distribución de gas natural, con el objetivo de simplificar procesos, mejorar la consistencia técnica y adaptar los criterios económicos a la realidad del sector. La medida fue oficializada mediante la Resolución 435/2026, que reglamenta el Artículo 16 de la Ley N.º 24.076 y deja sin efecto la normativa previa vigente desde 2009.
Uno de los cambios centrales es la reducción del horizonte de análisis de los proyectos, que pasa de 35 a 10 años. Según el organismo, este ajuste permite reflejar de manera más precisa el ciclo real de maduración de la demanda en el servicio de gas.
La normativa introduce una modificación clave en la forma de calcular los costos. Se abandona el esquema basado en costos medios derivados de márgenes tarifarios y se lo reemplaza por costos marginales reales, construidos a partir de declaraciones juradas de las empresas. Además, estos valores se actualizarán automáticamente mediante una fórmula mixta, con el objetivo de mantener la coherencia económica de los proyectos en contextos inflacionarios.
El tercer cambio estructural es la implementación de un aplicativo web unificado del ENARGAS, que será de uso obligatorio desde la etapa de factibilidad. Este sistema reemplaza los modelos de flujo de fondos que cada empresa elaboraba de forma independiente, estableciendo un estándar común para todas las distribuidoras y subdistribuidoras. El objetivo es garantizar homogeneidad, trazabilidad y transparencia en los procesos de aprobación.
La resolución surge de un proceso de consulta pública iniciado en octubre de 2025, en el que participaron empresas del sector como Metrogas, Naturgy y Camuzzi, además de entidades provinciales. Con este nuevo marco, el Gobierno busca acelerar las inversiones en infraestructura de distribución, reducir la discrecionalidad en las evaluaciones y generar condiciones más previsibles para las empresas. En términos operativos, la reforma apunta a destrabar proyectos, acortar tiempos administrativos y facilitar la expansión de redes en distintas regiones del país, en un contexto donde la demanda energética sigue en crecimiento.