El Gobierno Nacional delegó a la provincia de Santa Cruz la facultad de gestionar rutas nacionales mediante concesiones por peaje. El mecanismo busca financiar el mantenimiento vial con inversión privada, aunque genera debate sobre transparencia y control.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 253/2026, ha delegado a la provincia de Santa Cruz la facultad de gestionar rutas nacionales dentro de su territorio. El punto central es la autorización para implementar un sistema de concesiones por peaje por un plazo de hasta 30 años. Los fondos recaudados deben reinvertirse exclusivamente en el mantenimiento y mejora del tramo concesionado. La provincia tiene un plazo de un año para llamar a licitación una vez firmados los convenios específicos con Vialidad Nacional; de lo contrario, la delegación de facultades caduca.
El mecanismo introduce tres cambios fundamentales en la lógica de la obra pública vial en Santa Cruz: la responsabilidad de las rutas pasa de la Nación a la órbita del gobernador Claudio Vidal; se activa el financiamiento privado que ya no dependerá de partidas presupuestarias directas (hoy frenadas por Nación), sino del flujo de caja que generen los usuarios (peajes); y se abre la puerta a que empresas privadas o mixtas tomen el control de la infraestructura vial por tres décadas.
Fuentes técnicas consultadas señalan que el costo del peaje podría ser alto para que la ecuación económica sea rentable para una empresa privada. Esto podría derivar en que el Estado provincial subsidie a las concesionarias con fondos públicos para mantener la rentabilidad del negocio. El decreto exige transparencia y competencia, pero la realidad administrativa de la provincia ha mostrado históricamente debilidades en los organismos de control locales.
La urgencia del plazo de un año que establece el decreto puede ser usada como excusa para realizar contrataciones directas o concursos cerrados por “emergencia vial”. Además, la fiscalización de cuántos vehículos pasan y cuánto se recauda realmente es difícil de auditar para el ciudadano común en una provincia con baja densidad poblacional y grandes distancias.
En el actual contexto de abandono de las rutas, desinterés del gobierno nacional por invertir y falta de recursos provinciales, el mecanismo es técnicamente viable para reparar rutas abandonadas. Sin embargo, sin un cambio real en la cultura de transparencia de la obra pública, este decreto podría institucionalizar el favoritismo, otorgando a empresas aliadas el control de la conectividad de la provincia por las próximas tres décadas.