El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, reafirmó la política ambiental provincial tras el fallo judicial que suspendió la reforma de la Ley de Glaciares.
El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, reafirmó la política ambiental de la provincia luego del fallo de la Justicia Federal que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares. El funcionario señaló que la decisión judicial genera sorpresa, aunque remarcó que el esquema normativo provincial ya contempla mecanismos sólidos de resguardo ambiental.
Álvarez destacó que Santa Cruz cuenta desde 2009 con la Ley N° 3.105 de zonificación minera, una herramienta que ordena el territorio y define con precisión dónde pueden desarrollarse actividades productivas. Según explicó, esta normativa no solo protege glaciares, sino también otros ecosistemas críticos, posicionando a la provincia como pionera en planificación ambiental aplicada al desarrollo productivo.
Uno de los puntos centrales del mensaje oficial fue descartar de manera categórica la existencia de proyectos en cercanías de glaciares. “El esquema vigente garantiza que no haya actividad minera ni hidrocarburífera en esas zonas”, sostuvo el ministro, al tiempo que aseguró que la preservación de los recursos naturales es una política indeclinable.
El funcionario también vinculó el escenario actual con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece el dominio originario de los recursos naturales en manos de las provincias. En ese sentido, indicó que las modificaciones recientes a la Ley de Glaciares refuerzan esa autonomía, permitiendo a las jurisdicciones definir sus propios esquemas de ordenamiento territorial.
Desde el Gobierno de Santa Cruz sostienen que el modelo de desarrollo apunta a compatibilizar actividad económica con cuidado ambiental. La política oficial se apoya en tres ejes: planificación territorial, protección de ecosistemas críticos y previsibilidad para la inversión. El posicionamiento forma parte de la estrategia impulsada por la administración provincial, que busca dar previsibilidad tanto a la inversión como a la protección ambiental. En ese marco, el mensaje es claro: no habrá avances productivos en zonas glaciares, y cualquier desarrollo deberá ajustarse a un esquema regulatorio que prioriza la preservación de los ecosistemas críticos.