El juez federal Claudio Vázquez dictó una medida cautelar que frena la reforma de la Ley de Glaciares, impidiendo a la provincia autorizar actividades mineras en zonas periglaciares.
El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, emitió el 24 de abril de 2026 un fallo que suspende la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, mediante una medida cautelar solicitada en un amparo ambiental presentado por el municipio de El Calafate.
El magistrado argumentó que la reforma implica una “regresión ambiental”, al reducir los estándares de protección ecosistémica establecidos en la ley original de 2010. Señaló que habilitar la nueva normativa podría permitir intervenciones industriales o extractivas con impactos de difícil recomposición en zonas de alta fragilidad ecológica, por lo que aplicó el principio de prevención.
El fallo reafirma que los glaciares y ambientes periglaciares son reservas estratégicas de agua dulce y reguladores esenciales para el equilibrio ambiental. La cautelar suspende los cambios que reducían el alcance de áreas protegidas y redefinían el ambiente periglacial, manteniendo vigente la protección estricta de la ley de 2010 en todo el territorio de Santa Cruz hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la nueva ley.
Como consecuencia, el gobierno provincial de Santa Cruz no puede otorgar permisos, concesiones ni habilitar operaciones mineras en ambientes periglaciares. La reforma pretendía evaluar cada caso según su función hídrica, pero con la suspensión judicial, toda la zona periglaciar vuelve a estar estrictamente restringida. La provincia tampoco puede revisar ni alterar el inventario de glaciares para excluir áreas de interés comercial.
El gobierno provincial, que apoyó la reforma argumentando la necesidad de potenciar la capacidad productiva y laboral, había impulsado medidas para atraer inversiones mineras, como la adhesión al RIGI nacional y la reducción de regalías para empresas que aumenten su extracción. Sin embargo, el fallo judicial frena estos planes, supeditando el interés económico a la protección ambiental de alcance nacional.