Un fallo del juez Claudio Vázquez frenó la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno provincial. La medida cautelar suspende la flexibilización de la normativa y mantiene la protección estricta de glaciares y ambientes periglaciares.
El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dictó el 24 de abril de 2026 una medida cautelar que suspende la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz. La decisión judicial responde a un amparo ambiental presentado por el municipio de El Calafate.
El magistrado consideró que la reforma implicaba una “regresión ambiental” al reducir los estándares de protección establecidos en la ley original de 2010. Según el fallo, la nueva normativa habilitaba intervenciones industriales o extractivas en zonas de alta fragilidad ecológica, generando riesgos de “difícil o imposible recomposición”.
La cautelar mantiene vigente el marco de protección estricto de la ley de 2010 en todo el territorio provincial, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma. Como consecuencia, el gobierno de Santa Cruz no podrá otorgar permisos, concesiones ni habilitar operaciones mineras en ambientes periglaciares.
La reforma, que había sido respaldada por el gobernador Claudio Vidal y la Legislatura provincial, buscaba flexibilizar las restricciones para permitir actividades extractivas en zonas periglaciares, evaluando cada caso según su “función hídrica”. Además, otorgaba a la provincia la facultad de revisar el inventario de glaciares para excluir áreas de interés comercial.
El fallo judicial frena esta transferencia de poder discrecional, subordinando el interés productivo y económico a la protección ambiental de alcance nacional. Los glaciares y ambientes periglaciares son considerados “reservas estratégicas de agua dulce” y reguladores esenciales para el equilibrio ambiental y el abastecimiento hídrico.
La provincia había avanzado en los últimos meses con medidas para atraer inversiones mineras, como la adhesión al RIGI nacional y la conformación de una mesa de diálogo con empresas del Macizo del Deseado. También se impulsó un proyecto de reducción de regalías para premiar el aumento de la producción. Con la suspensión judicial, estas iniciativas quedan limitadas en lo que respecta a zonas periglaciares.