El Órgano de Revisión Provincial de la ley de Salud Mental analizó las modificaciones propuestas desde Nación y acordó remitir un documento al Senado manifestando su inquietud.
Los organismos provinciales que integran el Órgano de Revisión Provincial de la ley de Salud Mental expresaron su preocupación y criticaron los alcances de la reforma de la norma que impulsa el gobierno nacional que encabeza Javier Milei. En una jornada de debate sobre la situación actual del sistema de salud mental analizaron el impacto que tendrían las modificaciones de la normativa vigente a nivel nacional.
El subsecretario de Protección y Promoción de Derechos Humanos, Rubén Fernández, argumentó que el proyecto “busca agilizar internaciones involuntarias, flexibilizando el criterio de riesgo cierto e inminente a riesgo grave de daño” como también “cambiar padecimiento mental” por “trastornos”, priorizar la atención de adicciones y permitir mayores plazos para la notificación judicial”.
Los participantes manifestaron su preocupación y oposición al proyecto en tratamiento en el Senado de la Nación, agregando que “la iniciativa presenta retrocesos en relación con el enfoque de derechos humanos que sostiene la legislación actual, particularmente en lo referido a la centralidad de los equipos interdisciplinarios y la inclusión de las personas usuarias dentro de los procesos de atención y decisión”.
Dentro de los principales desafíos “no radica en la normativa vigente, sino en su efectiva implementación. Desde la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Mental en 2014, se han registrado avances significativos en materia de derechos humanos”.
Desde el Órgano de Revisión se acordó avanzar y remitir a la Comisión de tratamiento de este anteproyecto de ley en el Senado un documento donde se manifiesta la preocupación sobre esta propuesta y resaltando la importancia mantener una mirada que garantice la protección de derechos y la continuidad de los avances logrados tanto en el marco de la legislación nacional como provincial.