El máximo tribunal nacional intimó al Tribunal Superior de Justicia provincial a remitir de inmediato el expediente completo sobre la constitucionalidad de la ley que amplía de cinco a nueve el número de vocales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz a enviar “de inmediato” el expediente completo de la causa que analiza la constitucionalidad de la ley que amplió de cinco a nueve el número de vocales del máximo órgano judicial provincial. El plazo fijado es de 48 horas, y debe incluir todas las actuaciones vinculadas al expediente 917/2025, incidentes y recursos presentados.
La decisión se produjo luego de que el TSJ no respondiera un requerimiento previo del 23 de abril. Ante el incumplimiento, la Corte reiteró la orden y exigió el envío urgente de la documentación en formato digital.
El conflicto institucional gira en torno a la ley provincial que amplió la composición del TSJ. La normativa fue cuestionada judicialmente por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz, que promovió una acción de inconstitucionalidad. En paralelo, los vocales Acevedo y Nora realizaron presentaciones en medio de una fuerte interna judicial y política.
Días antes, la Corte Suprema rechazó la recusación presentada por el gremio judicial contra los ministros del máximo tribunal nacional, despejando planteos procesales que buscaban apartar a los jueces de la discusión de fondo.
La causa ya es uno de los expedientes institucionales más sensibles de Santa Cruz, debido al impacto que tendría una definición sobre la estructura del Poder Judicial provincial y la validez de las designaciones realizadas tras la ampliación. El conflicto comenzó luego de que el TSJ declarara inconstitucional la ley impulsada por el oficialismo provincial, pero los nuevos vocales prestaron juramento, profundizando la crisis interna.
Ahora, con la intervención directa de la Corte Suprema, el expediente ingresó en una etapa decisiva para determinar si la ampliación se ajusta o no a la Constitución provincial.