Un proyecto de ley presentado por legisladores opositores propone utilizar recursos del Fondo UNIRSE para asistir a municipios y a la provincia, en contraposición al plan de endeudamiento del Ejecutivo.
La oposición ingresó a la Cámara el Proyecto de Ley N.° 255, que busca sancionar la Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial. La iniciativa crea un programa temporal con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por 12 meses, para distribuir de manera extraordinaria los recursos del Fondo Fiduciario “UNIRSE”.
El proyecto establece que el 50% de los fondos existentes se destinará a los Municipios y Comisiones de Fomento según los coeficientes de coparticipación vigentes, mientras que el 50% restante quedará a disposición del Poder Ejecutivo Provincial. Además, incluye una cláusula permanente que dicta que, una vez finalizada la emergencia transitoria, la mitad de los recursos futuros del fondo UNIRSE deberá destinarse a proyectos de inversión y desarrollo presentados por los municipios.
El proyecto se contrapone al proyecto del Ejecutivo, que pretende obtener un endeudamiento de 600 millones de dólares destinado a “Infraestructura, Energía y Saneamiento”.
El objeto principal del proyecto, firmado por Javier Jara, Daniel Peralta, José Quiroga, Carlos Alegría y Eloy Echazú, es inyectar liquidez urgente y de libre disponibilidad a las administraciones locales y a la provincia. Autoriza que los fondos se utilicen para el pago de haberes, obligaciones salariales y recomposición de sueldos, cancelación de deudas comerciales, saneamiento de déficits y mantenimiento de servicios públicos esenciales.
Los legisladores fundamentan la iniciativa en el deterioro de las finanzas públicas causado por la caída de la coparticipación municipal del 15,2% entre marzo de 2024 y marzo de 2026, el aumento de costos operativos por inflación y la contracción económica que redujo la recaudación propia. Señalan un recorte nacional severo, con una caída del 93% en la inversión para obra pública en Santa Cruz durante 2024 y la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público. También mencionan que, tras la salida de YPF en 2025, la empresa pagó un bono resarcitorio de 200 millones de dólares no compartido con los gobiernos locales, y que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sufrieron un recorte superior al 76%. La provincia enfrenta problemas similares por la eliminación del FONID y la necesidad de aumentar salarios públicos por la inflación.
El argumento del proyecto se basa en la premisa de una crisis financiera múltiple que ha dejado a los municipios sin capacidad de respuesta. Al considerar inviable aumentar la carga tributaria, los autores sostienen que el Estado provincial debe intervenir usando herramientas extraordinarias. La propuesta busca utilizar recursos ahorrados del Fondo UNIRSE para evitar el colapso de servicios esenciales y salarios, y establecer a largo plazo un “federalismo interno” al garantizar que el 50% del fondo quede atado a los municipios para obras futuras.