La Comisión Nacional de Energía Atómica habilitó un mecanismo para recibir iniciativas privadas sobre activos estratégicos del sector nuclear. La medida reavivó el debate sobre el reactor RA-10 y la explotación de reservas de uranio en la Patagonia.
El Gobierno nacional avanzó en un nuevo paso dentro de su esquema de desregulación al habilitar, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), un mecanismo para recibir iniciativas privadas vinculadas a activos estratégicos del organismo.
El procedimiento, denominado “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”, contempla propuestas sobre infraestructura, desarrollos tecnológicos y capacidades industriales acumuladas por el sector nuclear argentino durante décadas.
La decisión generó preocupación en sectores científicos, sindicales y técnicos ligados a la actividad nuclear, que advierten sobre una posible pérdida de capacidades estratégicas del Estado.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el futuro del reactor multipropósito RA-10, considerado uno de los proyectos nucleares más importantes de América Latina. El ingeniero especializado en energía Nicolás Malinovsky cuestionó el alcance de la iniciativa y afirmó que el nuevo esquema “habilita la venta de los activos más importantes que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica”.
El RA-10 permitirá producir radioisótopos utilizados en medicina, investigación científica e industria. Para especialistas del sector, una eventual transferencia al ámbito privado podría impactar sobre la soberanía tecnológica y sanitaria del país.
En paralelo, el debate también se trasladó al potencial minero nuclear de la Patagonia. El principal foco está puesto sobre el yacimiento Cerro Solo, en Chubut, considerado la mayor reserva de uranio cuantificada del país, con unas 4.420 toneladas de mineral de alta calidad.
Actualmente Argentina importa cerca de 220 toneladas de uranio anuales para abastecer las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Central Nuclear Embalse. Según estimaciones geológicas, las reservas nacionales alcanzarían para cubrir más de 150 años de consumo interno. Sin embargo, el desarrollo de Cerro Solo enfrenta un obstáculo central: la legislación minera de Chubut prohíbe la minería metalífera a cielo abierto.
Ante las restricciones en Chubut, parte de las inversiones privadas comenzaron a orientarse hacia Río Negro. Uno de los proyectos más avanzados es Ivana, dentro del área Amarillo Grande, impulsado por la firma canadiense Blue Sky Uranium junto a Corporación América. La iniciativa prevé una inversión cercana a los USD 160 millones para producir “yellow cake”. Las proyecciones indican que el proyecto podría abastecer durante más de diez años al sistema nuclear argentino, aunque todavía depende de aprobaciones ambientales y estudios técnicos provinciales.
El plan energético nacional contempla 21 proyectos vinculados al desarrollo nuclear, entre ellos reactores modulares pequeños y nuevas capacidades de exportación de combustible refinado. El avance del esquema enfrenta tensiones entre Nación y provincias, debido a que las reservas de uranio se encuentran bajo jurisdicciones provinciales con legislaciones ambientales y mineras propias.
Sectores técnicos también advierten sobre el deterioro salarial dentro del sistema nuclear argentino y el éxodo de profesionales altamente calificados. “Son trabajadores altamente capacitados que buscan nuevos horizontes ante los salarios actuales”, declaró Malinovsky.