La Iglesia Católica argentina criticó la gestión de fronteras del Poder Ejecutivo nacional, calificándola como una estrategia de comunicación alejada de un Estado garante de derechos. El pronunciamiento se produce tras los cruces verbales del Tedeum del 25 de Mayo.
La Iglesia Católica argentina profundizó la tensión política con el Poder Ejecutivo nacional al calificar la actual gestión de fronteras como una estrategia de comunicación alejada de un Estado garante de derechos. El pronunciamiento surge tras los cruces verbales derivados del Tedeum del 25 de Mayo, donde el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, cuestionó el rumbo social ante la plana mayor del oficialismo en la Catedral Metropolitana.
El Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes emitió un documento donde detalla el impacto de la reforma migratoria que impulsa la Casa Rosada. El organismo eclesiástico afirmó que las modificaciones normativas empujan a los extranjeros a una situación de vulnerabilidad jurídica extrema. El texto describió que la alteración de categorías genera un temor constante a la expulsión del territorio nacional.
Los representantes eclesiales señalaron que la incertidumbre en los trámites de regularización administrativa bloquea de forma sistemática el acceso al documento de identidad, al trabajo digno, a la educación y a la salud. Los prelados detectaron un incremento en el rechazo de personas en los pasos fronterizos legales. Los operativos de control, según el acta eclesiástica, carecen de sustento técnico.
La cúpula eclesiástica extendió la alarma hacia la situación socioeconómica general que afecta a las mayorías residentes en el país. El diagnóstico pastoral advirtió que el acceso a la salud de calidad presenta deficiencias que se vuelven desesperantes para las personas con discapacidad. Los obispos vincularon la precariedad habitacional y sanitaria con la imposibilidad de obtener inserción laboral formal.
La Pastoral de Migrantes e Itinerantes centró su denuncia en los abusos registrados en los principales polos económicos de la República Argentina. El informe mencionó de forma explícita las áreas de explotación de hidrocarburos no convencionales y las terminales del sector portuario. Los trabajadores que se trasladan hacia esos destinos en busca de empleo rápido enfrentan un escenario hostil y quedan expuestos a explotación.
Ante este panorama, las delegaciones diocesanas asumieron el compromiso de estructurar planes de asistencia integral para las familias desplazadas. Los coordinadores religiosos afirmaron que buscan transformar las comunidades en espacios de protección activa de la dignidad humana. El documento oficial de la institución rechazó la asimilación del migrante bajo el concepto de carga pública y exigió la aplicación de la cultura del encuentro.
En forma simultánea, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, ratificó los términos del documento durante una homilía celebrada en la Catedral Metropolitana. El religioso exigió de manera pública el respeto irrestricto a la diversidad y demandó a la dirigencia política abrir canales reales de diálogo. El jefe de la arquidiócesis instó a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y del resto del país a abandonar las lógicas de exclusión. (Agencia OPI Santa Cruz)