El Senado de la Nación aprobó este jueves, por 40 votos a favor y 22 en contra, el proyecto de ley que convalida un plan de pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre, según lo acordado por el Poder Ejecutivo en tribunales de Estados Unidos.
El Senado aprobó este jueves por 40 votos positivos y 22 negativos el proyecto de ley que convalida un plan de pago por 171 millones de dólares a dos fondos buitre. El Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente Javier Milei, alcanzó un acuerdo de conciliación económica con los acreedores en los tribunales de Estados Unidos, cuya vigencia parlamentaria expira el próximo 30 de junio de 2026.
Según el registro oficial del entendimiento judicial, el Estado argentino deberá transferir 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al grupo de holdouts liderado por Attestor Value Master Fund LP. La transacción consolida la suma total de 171 millones de dólares, equivalentes a pesos según la cotización correspondiente, e introduce una quita del 30% sobre las sumas reclamadas en el litigio de origen.
Las actuaciones legislativas consignan que el proyecto integraba el temario de la sesión del pasado 14 de mayo de 2025, pero la corrección técnica de último momento en decenas de artículos obligó el retorno de la iniciativa a las comisiones de la Cámara Alta. La aprobación definitiva en el Congreso de la Nación anulará las medidas de ejecución de embargos dictadas por la Justicia norteamericana contra activos soberanos, restrictivas sobre las acciones de Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas.
El senador de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, actuó como miembro informante del oficialismo y detalló las cláusulas del acuerdo sustanciado ante la Justicia penal de Estados Unidos. Según el legislador oficialista, las firmas Attestor y Bainbridge Ltd. asumen el compromiso de rescindir nuevas acciones legales y omitir interferencias en las operaciones de financiamiento de la República Argentina.
El representante oficialista rechazó los cuestionamientos de la oposición referidos a la premura del debate parlamentario y encuadró la medida como una resolución definitiva a un proceso judicial de tres décadas. La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, también de La Libertad Avanza, sumó su respaldo normativo argumentando que la ratificación del convenio garantiza la seguridad jurídica y promueve la radicación de inversiones privadas.
El senador Guillermo Andrada, representante de la provincia de Catamarca, justificó su voto favorable en la reducción del monto de la deuda consolidada y en la necesidad de exhibir responsabilidad financiera ante los mercados. En el cierre del debate, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, afirmó que la sanción clausura un proceso derivado del default de la Convertibilidad, cuya responsabilidad atribuyó a la gestión económica del exministro Roque Fernández.
La jefa de la bancada de La Libertad Avanza impugnó el historial financiero del kirchnerismo, calificando de maquillaje contable el proceso de desendeudamiento mediante la emisión de nuevas obligaciones negociables. Patricia Bullrich especificó que los honorarios de los asesores legales correrán por cuenta de los propios fondos buitre, liberando al erario público de dicho costo operativo.
El dictamen técnico del bloque del Partido Justicialista anticipó el rechazo orgánico de la bancada de la oposición a través de la exposición del senador por Chaco, Jorge Capitanich. El legislador peronista sostuvo que el mecanismo convalida la especulación financiera y vulnera los nueve principios de reestructuración de deudas aprobados por la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.
El parlamentario chaqueño fundamentó la negativa judicial señalando deficiencias en la documentación enviada por el Poder Ejecutivo y advirtió que la prórroga de jurisdicción no convalida de modo automático la inmunidad soberana. El presidente del bloque justicialista, José Mayans, ratificó la postura adversa de la bancada opositora y negó el acompañamiento de su espacio a las directrices de la política económica oficial.
El diseño financiero del acuerdo con los holdouts adopta el mecanismo internacional denominado Entrega contra Pago (DVP), el cual supedita la liberación total de los fondos a la cancelación simultánea de los títulos de deuda en poder de los demandantes. El instrumento contractual incorpora además una cláusula de standstill que inhibe toda acción litigiosa activa durante el transcurso de la ejecución financiera, cuya fecha límite fue prorrogada por los tribunales de Estados Unidos desde el original 30 de abril hasta el actual 30 de junio de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)