El fiscal federal Gerardo Pollicita prepara una intimación formal para que el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, justifique el origen de su patrimonio en la ciudad de Buenos Aires, tras detectar que sus ingresos declarados no cubren el valor de sus bienes actuales.
El fiscal federal Gerardo Pollicita redacta la intimación formal para que el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, justifique la procedencia de su patrimonio en la ciudad de Buenos Aires. Los datos de la investigación penal confirman que los ingresos declarados por el funcionario resultan insuficientes para cubrir el valor de los bienes que integran su activo actual.
Un peritaje contable determinará el monto exacto de la inconsistencia financiera. La tarea recayó sobre los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo que depende de la Procuración General de la Nación. Los técnicos analizan la trazabilidad de los fondos y las operaciones con criptomonedas que realizó el ministro coordinador.
Noventa días es el plazo estimado por los especialistas de los tribunales de Comodoro Py para entregar las conclusiones finales del informe técnico. La medida judicial avanza en paralelo a un incumplimiento administrativo severo. El funcionario no presentó su última declaración jurada de bienes, obligación que el presidente Javier Milei prometió saldar públicamente hace un mes.
La legislación penal obliga al imputado a detallar el origen del dinero utilizado para sus adquisiciones una vez que reciba la notificación. Si las justificaciones carecen de sustento documental, la fiscalía solicitará de inmediato la declaración indagatoria de Manuel Adorni ante el juzgado interviniente.
Un segundo expediente penal tramita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo e investiga los contratos de coproducción entre la TV Pública y la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio. El magistrado detectó transferencias financieras previas desde esa empresa hacia las cuentas del actual jefe de Gabinete, además de facturas que contradicen los dichos públicos del funcionario sobre el financiamiento de sus viajes privados a Uruguay.
Las medidas de prueba ordenadas por el juez Ariel Lijo incluyen el cruce de llamadas telefónicas y el análisis de geolocalización de los imputados. Fuentes judiciales confirmaron que el juzgado prevé firmar la citación a indagatoria por presuntas dádivas e incompatibilidad con la función pública antes del inicio de la feria judicial de invierno, pautada para la segunda quincena de julio.