El día después de la Ley Bases, Milei quiere avanzar con la reorganización del Estado y las privatizaciones

Javier Milei quiere avanzar con la reorganización del Estado, las privatizaciones y la Ley Anticasta. La mesa técnica del presidente -integrada por Federico Sturzenegger, el vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal- está definiendo los detalles de las próximas reformas que enviarán al Congreso.

El Gobierno reconoce que algunos artículos de la Ley Bases y el paquete fiscal recibirán modificaciones en el Senado y volverán a Diputados, donde esperan mantener la misma coalición de votos que en la última sesión para lograr sanción completa luego del Pacto de Mayo del 25.

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Reorganización del Estado: eliminación de organismos y reubicación de personal

La reforma del Estado es una de las prioridades del Ejecutivo. Es por eso que ponen el ojo en la votación de la ley que propone delegarle facultades extraordinarias a Milei para modificar y eliminar organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o por decreto.

La Casa Rosada tiene una lista de las áreas que quiere disolver -como el INADI, el INAI, Télam y el INJUVE, entre otros- que buscará derogar si le habilitan la eliminación de competencias, funciones, estructura jurídica y responsabilidades de cada ente. Aparece como opción también la transferencia de los organismos a las provincias que los soliciten.

Quedan excluidos de la intervención mediante las facultades extraordinarias las universidades, los órganos del Poder Legislativo, los del Judicial y los organismos CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.

El Gobierno incluyó en el artículo 52 de Bases el marco normativo para los empleados públicos de los organismos sujetos a eliminación o modificación. Propone que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.

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Establece también que los empleados puedan ser cedidos de Nación a provincias y municipios y ofrece una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año.

El capítulo de “Empleo público” incluye además un articulado que habilita al Gobierno a no pagar a indemnizaciones en casos que se hayan encontrado irregularidades, como el incumplimiento del horario, inasistencias injustificadas y el abandono de tareas.

Privatizaciones: el rol del Congreso y la concesión a las provincias

La mesa chica de la Casa Rosada también quiere acelerar el proceso de las privatizaciones en caso de logar la sanción completa de la Ley Bases. Se trata de las empresasa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

Lo mismo aplica para Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales. En caso de privatizarlas, el Ejecutivo podría ceder los proyectos de obra pública en ejecución a las provincias.

En la última versión de Bases se le dio un lugar central a la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Deberá ser conformada por seis senadores y seis diputados y deberá ser informada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el estado legal y financiero de las empresas.

Las privatizaciones podrán materializarse por venta de activos, de acciones y establecimientos o haciendas productivas y por la administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado estableciéndose previamente el valor del precio de su venta. Lo mismo aplica para la concesión, licencia o permiso.

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En el Caso de Yacimiento Carboníferos de Río Turbio (YCRT), el Gobierno quiere que se privatice una parte de su capital, de forma que pueda cederle la mitad estatal al gobernador Claudio Vidal (Santa Cruz) como parte de la negociación para la sanción de los proyectos.

Ley Anticasta: congelamiento de sueldos jerárquicos y ofensiva contra los sindicatos

Otra de las prioridades del Gobierno es avanzar con el tratamiento de la Ley Anticasta que anunció Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Contiene la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente junto con la prohibición de la presentación a elecciones nacionales de personas condenadas por corrupción en segunda instancia y la pérdida de beneficios de exfuncionarios con condenas firmes.

Impulsa además la penalización por ley al presidente, ministro de Economía, funcionarios del Banco Central, diputados y senadores que voten “aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria”.

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Incluye también la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, de forma que tendrían que sustentarse con aportes voluntarios, y propone la reducción de los contratos de los asesores de diputados y senadores y la pérdida de privilegio para el estacionamiento.

Otro de los puntos es la obligatoriedad de que los sindicatos elijan a sus autoridades a través de elecciones periódicas y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitaría sus mandatos a cuatro años y establecería un tope de una sola reelección.

Propone además que los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa primen sobre los convenios colectivos del sector y el descuento de la jornada de sueldo a los empleados que hagan paro.

Una de las modificaciones que quieren incluir y que no anunció Milei es el congelamiento de los sueldos del personal jerárquico para evitar que cobren más que el primer mandatario. Según pudo saber TN, el Ejecutivo quiere fijar un tope salarial de 20 salarios mínimos vitales y móviles para los presidentes de los tres poderes del Estado y busca que los aumentos esté atados a los haberes previsionales.