Como no marcharon, no retiran mercadería: las pruebas que tiene la Justicia contra dirigentes sociales

La Justicia ordenó 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes. Las denuncias contra los acusados fueron recibidas a través de la línea 134.

Las medidas judiciales establecidas involucran a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. En la causa que instruyó el fiscal Gerardo Pollicita los propios beneficiarios de planes sociales declararon ante sede judicial y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para concurrir a las marchas.

De estas declaraciones y pruebas se pudo establecer que dirigentes de organizaciones sociales desplegaron un sistema de cobra de porcentajes del Potenciar Trabajo, además de extorsionar y amenazar a los beneficiarios con “quedarse sin su plan” en caso de no hacer los aportes.

“No van a retirar la mercadería porque no marchan”: las pruebas de la Justicia contra los dirigentes sociales

En el expediente hay diferentes pruebas. Una de estas ocurrió con una mujer identificada como Patricia Iramain, una delegada que en un chat informa quiénes son los que no van a poder pasar a retirar la mercadería ya que no fueron a las marchas.

Esta mujer integra el comedor Rivadavia I, coordinado por el Polo Obrero. En el caso están en la mira otros comedores más como La Carbonilla y Mariano Ferreyra, todos administrados por esta asociación.

Los cuestionados son el referente de ese comedor, Iván Ezequiel Candotti (DNI 39.467.810), que trabajaba en el lugar junto con Patricia Iramain (DNI 33.610.521), Brisa Paucara Choque (DNI 44.449.698), Ronald Vargas (DNI 94.084.123) y Elizabeth Galindo (DNI 93877840). Todos involucrados en el caso.

Otra de las pruebas que se puede encontrar en el expediente es que los beneficiarios tienen que justificar por qué no van a la marcha. En otro de los chats se puede ver cómo un hombre denominado Gustavo Vasquez solicita a quienes no fueron a la movilización de las organizaciones que entreguen un certificado médico que justifique su ausencia.

El caso 326418 descrito por Pollicita relata cómo una persona para ser beneficiaria del Potenciar Trabajo debió concurrir a varias marchas para luego sí ser inscripta en el Potenciar Trabajo. Recién allí pudo obtener la tarjeta del Banco Nación para percibir su haber mensual.

De la investigación se desprende que a los comedores se les debe pagar los primeros dos días de cada mes 2300 pesos por el alquiler del local. Quienes no paguen, no pueden retirar la comida de todo el mes. Al menos esa situación se comprobó en el comedor Rivadavia I, manejado por el Polo Obrero.

Allí se pueden ver las distintas categorías que hay: si un beneficiario asiste a las marchas asciende a la categoría de “esencial” y luego a un tercer escalón llamado “cuadrilla”. A medida que escala, percibe más beneficios.

Otra de las capturas que se pueden encontrar en el caso es del referente Gustavo Vasquez, pide un aporte mensual a los beneficiarios para “sostener a la organización”. Allí habla de luchar contra la motosierra de Milei.

En otro tramo del expediente, el fiscal concluye en que se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones”, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su acción mediante el cumplimiento de nuevas tareas, la imposición de multas por faltar a una “marcha” de hasta $10.000 por cada ausencia, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos turnos médicos, trámites, etc, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados, según cada “incumplimiento”, entre otros mecanismos.

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Entre los acusados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.

La conversación telefónica en la que dos punteros temen por el avance de la investigación judicial

La Justicia tiene en su poder una conversación entre Cantero y Palma en la que hablan sobre la posibilidad de que tras las denuncias que encaró el gobierno de Milei, la Justicia los investigue: “Nos pueden investigar por lavado… a mí me preocupa…”, le dice Palma. Cantero le responde que eran fondos lícitos y no había razón para preocuparse, sino que compartió sus inquietudes y le propuso “vamos a tener que pensar un plan de adónde va eso”.

Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros. En el marco de los allanamientos se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan. En total desfilarán por la Justicia unas 28 personas.

De acuerdo a la pesquisa, los acusados, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

Se desprende de las pesquisas que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, por lo que se desconoce el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.

El Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.

Estos delitos se encuentran tipificados en los delitos de amenazas coactivas y extorsión —previstos en el artículo 149 bis, segundo párrafo y 168 del Código Penal.