La versión corrió como posibilidad inminente durante todo el feriado de Semana Santa alentado, inclusive, desde despachos oficiales: el Gobierno y el kirchnerismo estarían dispuestos a acercar posiciones después del revés del Senado para nominar pronto a otros dos nuevos candidatos para la Corte Suprema, esta vez, negociados. La fórmula aplicable sería la obvia “uno y uno” como para poder arañar los dos tercios necesarios o, al menos, no tener el boicot de poco más de un tercio. En el paquete se ofrecían otros cargos como la Procuración General, pero sin detalles ni nombres homologados todavía, en el marco de un cambio de estrategia. En el Gobierno confirmaron a Ámbito que esas conversaciones existen –incluso con senadores de la oposición- y que la idea es volver a proponer candidatos lo más rápido posible, pero relativizaron la flexibilidad de la negociación. Mayo es la ambiciosa meta que se trazaron para resolver esas vacantes.
“Uno muy propio y otro no tanto pero conversado y anoticiando a los otros espacios para escuchar su reacción a los nombres”, afirmaron a este diario sobre el modo en el que imaginan una nueva selección de candidatos que no se exponga a otro traspié. ¿El oficialismo vuele a insistir con alguien del mundo académico afín al ideario libertario? Existe un plan A y un plan B que incluye otra vez un apellido compuesto.
Sin embargo, una negociación en curso fue desmentida de plano cerca de Cristina Kirchner, quien parece haber virado de estrategia (y de interlocutores) para una etapa de contención de daños respecto de su situación judicial. En torno a la ex presidenta, aseguran que no tienen ningún interés en proponer “una jueza que termine firmando disidencias”, por quedar en minoría. El nombre –que trascendió mediáticamente- de la senadora María de los Ángeles Sacnun en el máximo Tribunal, aseguran, no forma parte siquiera de la conversación interna en el campamento K. Sin una ampliación a 9 miembros que permita al PJ ocupar más de una silla no tendría sentido el esfuerzo para que el equilibrio de fuerzas no cambie. Vasos comunicantes existen, pero, hasta ahora, no hay atisbos de que haya comenzado algo parecido a una negociación, afirman.
Cambios de estrategia
Aseguran que, en este escenario, Cristina prefiere limar asperezas con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz antes de pagar un costo político por una negociación con la administración de Javier Milei. Mucho menos con el proyecto de Ficha Limpia blandido como una amenaza en su contra. Y que el único interlocutor habilitado en esta instancia es el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. Este mismo mensaje, calcado, llegó al cuarto piso del Palacio de Tribunales que se desentiende de la nueva intentona del Gobierno.
Para explorar estas alternativas, el Ejecutivo se apoya en la presunta impaciencia de la política que –pese a haber tumbado en el Senado al tándem inicial de candidatos- se encuentra ahora con que todo el poder de la Corte queda concentrado en sus tres miembros activos, algo que sería inconveniente e inconcebible. Utilizan como aliciente el precedente de 2016 donde un tribunal reducido tuvo una vigencia acotada a medio año. En esa tesis, octubre quedaría muy lejos para que todo se resuelva fuera del año electoral, algo que tampoco –por su magnitud- encuentra antecedentes para esta realidad, sobre todo, estando tan fresco el sopapo que llegó del Senado.
La relación del Gobierno con la Corte no pasa por su mejor momento, con la diferencia que ahora la tensión por heridas sin suturar lo ponen a Ricardo Lorenzetti en pie de igualdad con el resto. Afirman que no le dispensan reproches pero que proyectó escenarios que no se cumplieron, lo que es un reproche intrínseco. Desde usinas oficiales apuntan a que la Corte cree que ganó la batalla, pero ellos renuevan sus expectativas en que la revancha llegue por la vía de una negociación política que no se intentó en la primera ocasión, lo que garantizó el fracaso.
Por el lado de Cristina, la solución al problema debería llegar de la mano de un amplio menú de temas que incluyan las vacantes, la Procuración y los 150 pliegos que el Ejecutivo retiene. Sin estos elementos y sin oír la posición de la Corte Suprema (para sorpresa de muchos), no habría negociación posible. Hasta el momento, nada de esto está sobre la mesa lo que también condiciona que lo que maquinan desde uno y otro lado se concrete para mayo, como el Gobierno imagina.
Comodoro Py frente al acusatorio
Por supuesto, a todo este panorama complejo se le agrega la complejidad de la implementación del sistema acusatorio y las internas en las que navega la administración Milei. En una reunión de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal reconocieron que el plan que reveló Ámbito acerca de una eventual fusión de fueros era un proyecto en carpeta que estaba con promotores adentro y afuera de un sector del Poder Judicial. El sector que decide en el Gobierno los temas judiciales buscó salir al cruce la de versión que partió de despachos ministeriales. Hubo reproches cruzados entre camaristas por ocultar información que podía ser relevante y un intento de buscar la espalda de la Corte Suprema para organizar los reclamos que supone una implementación apresurada que sigue siendo el 11 de agosto.
La Corte llevó a cabo una mímica de validación, pero por lo bajo susurró que el problema es pura y exclusivamente un tema de Comodoro Py, cuya discusión se sepultaría en cuanto se supiera la cantidad de personal que revista en cada juzgado versus las fiscalías. En el fondo, lo que se pone en juego es la legitimidad de Eduardo Casal al frente de la Procuración y la resistencia que encuentra en un sector de la justicia federal. Como ya se anticipó, en el edificio de la calle Perón descuentan que cualquier fracaso en la implementación puede ser utilizado por el Ejecutivo para esmerilar la gestión del jefe de los fiscales y así generar condiciones para imponer un nombre propio de recambio. Además de observar quién es propuesto como “fiscal de distrito” (con un sector que resiste los nombres que circulan), el asunto a observar es quién se queda con la Oficina Judicial, cargo considerado una presea.
Crisis total en el fuero comercial
Mientras todo esto ocurre, el fuero comercial de la Capital Federal ingresó en una situación de emergencia debido a las vacantes y retiros. El problema no es menor porque son los tribunales que entienden en los litigios comerciales, concursos, quiebras y contratos en la jurisdicción con mayor densidad en el padrón de empresas asentadas. El epicentro de la crisis es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que a partir de mediados de mes quedó con 9 jueces activos de 18 vocalías. El 50% está vacante por distintas circunstancias –algunas de salud- y el rumor de una reforma jubilatoria alimenta que se espere una estampida de funcionarios de ese fuero y de más camaristas en situación de retiro. Todo de la mano del tembladeral por un eventual traspaso que empujó el fallo “Levinas” de la Corte Suprema.
La semana pasada hubo una reunión de funcionarios en la que quedó explicitó el escenario de crisis que puede generar una parálisis en el fuero. Tanto así que hubo un encuentro específico entre la Asociación de Magistrados y el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en el que se planteó la necesidad de acelerar las designaciones de jueces de primera y segunda instancia, frenados a la firma del Presidente. Es la primera vez en la historia que existe una Sala de la Cámara con tres vocalías vacantes. La última tanda de jueces se nombró en 2021, hace cuatro años.
En el encuentro con funcionarios con la presidenta de la Cámara Alejandra Tévez se expuso lo que entienden que es un rumor con visos de realidad: intuyen una reforma jubilatoria que generará un éxodo, sobre todo ante la chance de un traspaso. Escucharon que desde el Consejo de la Magistratura pusieron en pausa elevar más ternas ante la chance de que todo se frene a la espera de un cambio de paradigma o, al menos, hasta las elecciones. Surcó la idea de que, si existe un traspaso inminente, el fuero comercial termine “partido” con tres salas que queden en el ámbito de la justicia nacional que se deberían ocupar de las quiebras y los procesos societarios. Mientras que asuntos ligados a seguros, juicios ejecutivos y consumo pasarían a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, con los jueces activos hasta hoy. Para colmo, tampoco está aprobada la lista de conjueces que debería pasar por el Senado también.
La radiografía de la Cámara espanta: La Sala A cuenta con Alfredo Kolliker y Héctor Chomer; la Sala B con María Guadalupe Vásquez y Matilde Ballerini (próxima a cumplir 75 el año próximo y cuyo pliego debería ser revalidado a instancias del Ejecutivo por otros cinco años); la Sala C con Eduardo Machín en solitario; la Sala D con Gerardo Vasallo solo (porque su par Pablo Heredia atraviesa una licencia aparentemente por burn out); Sala E vacante en su totalidad; y la Sala F con Alejandra Tévez y Ernesto Luchelli. La semana pasada dejó su cargo por jubilación la camarista María Elsa Uzal.
Es decir que no hay ninguna sala en el tribunal de apelaciones comercial que tenga su integración completa y para peor, el escenario apunta a complicarse aún más.