Por sexta vez en lo que va del año, la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió en su informe de indicadores laborales sobre una caída en el empleo y la producción. “La tendencia del empleo en el sector industrial no muestra una dirección clara. Luego de tener un comportamiento errático durante los últimos meses, presenta una caída mensual y se encuentra por debajo del mínimo de julio de 2024. Las expectativas netas se ubicaron en terreno negativo tanto respecto de la cantidad de horas (-7,8) como en el caso de la dotación (-11,8)”, dice un fragmento de la última publicación de la entidad fabril en la que no se distinguen señales de reactivación económica.
En paralelo, y casi en fecha de publicación simultánea, la Conferencia de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira) alertó la semana pasada en un relevamiento propio sobre un retroceso sin precedentes, al que calificó como “un industricidio”, con caídas en casi todos los sectores, aunque el más pronunciado en el de la construcción. “Este escenario es resultado directo de políticas que combinan apertura indiscriminada de importaciones (con un tipo de cambio que hace perder competitividad), crédito inaccesible y un mercado interno paralizado. Estamos transitando un camino hacia una economía reprimarizada, que exporta recursos como litio, soja y petróleo sin desarrollar cadenas de valor”, dice un pasaje del informe de la Csira, una agrupación integrada por 36 sindicatos, entre ellos el Smata, la UOM y la Uocra, y que nuclea a unos 895.000 afiliados.
A partir de esta coincidencia en los diagnósticos, la UIA y la CGT comenzaron a articular una estrategia común frente a lo que consideraron “un ninguneo” por parte del presidente Javier Milei, según fuentes de ambas orillas.
Después de los frustrados intentos durante todo 2024 de la Secretaría de Trabajo de activar la Mesa del Diálogo Social, con empresarios y sindicalistas, la UIA y la CGT resolvieron finalmente participar del Consejo de Mayo con el objetivo de forzar allí alguna solución a sus demandas. A la escenificación de la puesta en marcha fueron Martín Rapallini, por los industriales, y Gerardo Martínez, por los gremios. Ambos pretenden volcar en este ámbito sus reclamos a pesar de ser un terreno afín al Gobierno, con representantes del Poder Legislativo [Carolina Losada y Cristian Ritondo] y de los gobernadores (Alfredo Cornejo] cercanos a la Casa Rosada.
En los chats de empresarios y sindicalistas circuló esta semana una exposición de Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria y creador de la marca Caro Cuore. “Un producto mío hecho en la Argentina se vende más barato en Chile. La exportación tiene un costo de 6, 7 por ciento. Por seguro, por flete. Lo que vale acá 100, en Chile vale 85. ¿Por qué? No tiene el costo financiero de las cuotas, tiene menos IVA, no tiene ingresos brutos ni impuesto al cheque. Producción nacional en otro país se vende a un precio más barato. Estos son los desafíos”, expuso Drescher una publicación que se hizo viral.
El desafío de la CGT en su novedosa alianza con la UIA es ahora convencer a los empresarios que cuando se debata sobre “el costo argentino” se busque moderar la carga impositiva y no afectar las denominadas conquistas laborales. “Estamos dispuestos a discutir una modernización laboral, pero sin perder los derechos ni flexibilizar las condiciones”, expuso Martínez, jefe de la Uocra y quizás hoy el sindicalista con más llegada a la gestión libertaria. Algunos empresarios, impulsados por sus charlas con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pretenden discutir la rebaja de impuestos, pero también la de los pagos extras a los sindicatos. El famoso costo laboral. ¿Vuelve entonces el debate legislativo sobre la cuota solidaria? Se mantiene por ahora vigente una tregua entre el oficialismo y el kirchnerismo para que los proyectos de ley contra los sindicatos que impulsan Pro y la UCR no avances más allá del debate en comisión.
Milei tuvo que resignar 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original de reforma laboral que envió el año pasado al Congreso en la Ley Bases. Entre los 16 puntos que se habilitaron está el de la posibilidad de acordar un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización. A pesar de que pasó más de un año de su reglamentación, la medida no consiguió adherentes. Ninguna actividad se animó a modificar su convenio colectivo, confirmaron en la Secretaría de Trabajo. Otro síntoma de las dudas que genera el plan libertario.
En su cruzada por controlar la inflación, el Gobierno habilitó la apertura casi indiscriminada de las importaciones. Esta semana se celebró en el oficialismo un dato que reflejó que habían bajado hasta un 15% los precios de los neumáticos ante la irrupción de productos importados. Detrás de esta medida, que podría capitalizarse de manera favorable en las urnas, se esconde una crisis del sector similar a la que se vivió durante el menemismo. Dos de las tres fábricas de neumáticos del país activaron Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y redujeron plantilla. En Bridgestone hubo 452 despidos más decenas de salidas de manera acordada, según fuentes de la compañía. En Fate hubo 97 despidos. El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones. En lo que va de 2025, además, las tres empresas [Pirelli es la restante] no lograron acordar un aumento salarial ante el rechazo del sindicato a convalidar subas que no cubran al menos la inflación. “En nueve años no cerramos nunca paritarias por debajo de la inflación. ¿Por qué lo vamos a hacer ahora?”, desafía Alejandro Crespo, el jefe del Sindicato del Neumático desde 2016.
Crespo es militante del Partido Obrero (PO) y forma parte de lo que se denomina el gremialismo clasista. Se volvió un duro a la hora de negociar, según un empresario que se siente habitualmente frente a él. “Este año la paritaria cambió: ya no podemos dar aumentos por encima de la inflación porque hay menos turnos, menos dotación y menos competitividad. El gremio lo va a tener que entender”, dijo un empresario de una de las tres compañías del sector.
La apertura de las importaciones está golpeando fuerte también en otras industrias, como la de alimentos, medicamentos y marroquinería, los tres rubros más perjudicados en 2025, según el documento de la confederación de gremios industriales. El caso paradigmático en el rubro alimenticio es el conflicto en Molinos Río de la Plata, que avanza con despidos ante la dificultad para negociar un cambio en el convenio colectivo que le permita readecuarse al nuevo contexto.
El sector metalúrgico tampoco está ajeno a estas dificultades. “La actividad metalúrgica continúa sin demostrar avances significativos y las importaciones crecen a un ritmo promedio mensual del 4,9%. En particular, las de bienes de capital alcanzan valores récord, contrastando con una industria local que evidencia estancamiento y retroceso en ese mismo segmento” precisó Elio Del Re, titular de la Asociación de Industriales de la República Argentina (Adimra). La entidad, en un informe que hizo público, reflejó otro dato alarmante: el uso de capacidad instalada estuvo en junio en 46,6%. Es decir, las empresas metalúrgicas no trabajaron ni siquiera a la mitad de su potencial de producción.
En el Gobierno relativizan estas estadísticas y hasta celebran que la caída del empleo y la producción no hayan sido mayor. “Podría haber sido mucho peor, con un desplome más pronunciado”, reconoció un funcionario, que admitió que la Ley Bases no tuvo correlato en la creación de empleo ni en darle dinamismo a la economía.
La puesta en marcha del Consejo de Mayo es por el momento el punto que une a empresarios y sindicalistas en su intento de hacer escuchar sus reclamos al Gobierno. Con el calendario electoral encima, difícilmente prosperen las iniciativas que puedan debatirse allí. Se programó el segundo encuentro para la última semana de julio. Cerca de Milei imaginan recién para el año próximo avanzar con cambios más estructurales, como elevar cinco años la edad jubilatoria de hombres y mujeres o impulsar un proyecto de reforma laboral que permita flexibilizar convenios colectivos para facilitar la generación de empleo. En el oficialismo lo proyectan cuando la configuración del Congreso no se presente tan desfavorable como hasta ahora.
Mientras tanto, Milei se encamina confiado a las urnas, apalancado en el control de la inflación y el dólar, la motosierra como política de Estado y la atomización opositora. Algo de este triunfalismo exhibió Luis Caputo esta semana, cuando chicaneó a economistas, inversores y periodistas sobre las advertencias por las reservas y la política cambiaria. “Agarra los pesos y comprá [dólares]. ¡No te la pierdas, campeón!”, desafió el ministro de Economía, cuyos ahorros los atesora lejos del país, entre Estados Unidos y la británica Isla de Man, según su última declaración jurada de bienes. El mensaje de Caputo no cayó bien entre empresarios y sindicalistas, que unieron inéditamente sus energías para advertir que la industria nacional está en crisis.