La violencia que todo el mundo vio en las tribunas e inmediaciones del estadio Libertadores de América se convirtió rápidamente en un insumo político de alta densidad. La barbarie de la barra de Independiente, desatada por la otra barbarie de la barra de la U de Chile, esconde una radiografía más compleja, en la que confluyen disputas de poder, negocios y la incapacidad de las distintas instituciones –Policía, gobiernos, clubes– para frenar un fenómeno que atraviesa décadas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sirvió de la escena para polarizar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no quiso –por directiva de Conmebol– que la Policía Bonaerense interviniera directamente en la tribuna donde se ubicaba la parcialidad chilena. “Es un tema filosófico”, dijo Bullrich, que lo comparó con los piquetes en las calles. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía. Conviven con los barras y sus negocios”.
En esa línea, el ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, hizo un esfuerzo para llevar este tema a otro campo: el de la necesidad de propiciar la llegada de las SAD. Un intento algo retorcido, que le valió la respuesta del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
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El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por su parte, apuntó a la Conmebol: dijo que el jefe del operativo pidió la suspensión del partido a los 32 minutos del primer tiempo, luego de que la barra de la U estuviera una hora tirando piedras y elementos a los sectores locales, pero que el delegado de Conmebol se negó. “Ninguno de los protocolos se cumplió. Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar”.
En el club pronostican una catástrofe deportiva, económica y política.
En el plan de operaciones firmado antes del partido, estaba pautado que la Policía estuviera fuera del estadio. La cantidad de efectivos es otro tema en discusión, no de este partido, sino de casi todos: los clubes pagan una cantidad que, en rigor, nunca es la real. Y la seguridad privada, que en el club de Avellaneda está a cargo de la empresa UP, también es observada con cierto recelo por quienes caminan el club día a día.
Vidas cruzadas. Lo que omitió decir Bullrich es que quienes conviven y diseñan negocios con la barra de Independiente –la oficial que concretó la barbarie, denominada Los dueños de Avellaneda, con base en la villa 21-24 de Barracas y liderada por Juan Ignacio Leczniki; y la disidente que intentó pero no pudo subir a la tribuna sur alta– son viejos correligionarios de su viejo nuevo espacio político: el presidente de Independiente Néstor Grindetti, candidato a gobernador bonaerense cuando Bullrich fue candidata a presidenta, y Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados y un “jefe en las sombras”, como lo definen dentro del club.
Lógicamente, Grindetti buscó despegar al club de las críticas y apuntó contra los hinchas visitantes: “Esto debía ser una fiesta y lo que vimos fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, una cosa de una violencia inusitada. Acá hay un claro responsable y vamos a defender los intereses de Independiente”.
Del otro lado de la cordillera, el presidente Gabriel Boric elevó el tono diplomático. “Condenamos categóricamente la violencia ocurrida en Avellaneda y pedimos que se respete la seguridad de nuestros compatriotas. Nuestra prioridad es conocer el estado de los chilenos agredidos y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías”, expresó. En Chile, el episodio reavivó el debate sobre la barra brava de la “U”, con un largo historial de choques violentos tanto en torneos locales como en viajes internacionales. Algo que en Independiente subestimaron, al punto de que desoyeron la sugerencia de dejar la tribuna baja vacía y ni siquiera montaron una red de contención en la tribuna visitante.
La intervención de Boric apuró el expediente para liberar a las personas de las que no había pruebas sobre su participación en los hechos.
A través de un posteo en sus redes sociales, Boric detalló ayer temprano: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”. Además, aseguró que “seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.
Sociedades Anónimas. Parte de la barra oficial había estado 24 horas antes en la sede de Avenida Mitre, en Avellaneda –casi en el mismo momento en que Racing jugaba contra Peñarol por la Libertadores–, pero para asegurar que no entrara ningún integrante opositor a la asamblea que trataba el presupuesto 2025-2026.
Ese presupuesto, o la economía general del club, estará condicionado por lo que Conmebol falle en algunos días o semanas. “Está cocinado”, le dicen a PERFIL. El comunicado fake que circuló el jueves no estaría tan alejado de lo real: se descuenta la eliminación de la competencia y la probable suspensión para años siguientes, lo que implicaría una catástrofe económica por la caída de sponsors, y una catástrofe política para Grindetti y el oficialismo rojo, a poco más de un año de las próximas elecciones.