Argentina se encuentra en un momento crítico en materia de salud sexual y reproductiva. Según el monitoreo ciudadano «La salud reproductiva es vital», impulsado por el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), los recientes recortes presupuestarios y la ausencia de un sistema de información sólido amenazan con poner en riesgo los avances logrados en los últimos años.
Se trata de una investigación que Clacai coordinó a nivel regional en alianza con organizaciones de la sociedad civil de nueve países. El capítulo de Argentina se trabajó en coordinación con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y fue liderado por Natalia Gualdoni, Patricia Sotile y Julieta Izcurdia. El informe incluye información sobre Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay.
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El caso de Argentina resulta particular en comparación con otros lugares, ya que el país ha sido pionero en la región con un marco legal de referencia desde que en 2002 sancionó la Ley 25.673, que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Entre otras normas, se destacan la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (2020) y la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales y otras ITS (2022). Además, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) fue una de las políticas públicas más reconocidas en la región por haber reducido, desde su implementación en 2018, en un 50% el embarazo no intencional adolescente.
De acuerdo a la investigación, entre 2020 y 2023, la cantidad de servicios de salud que garantizan prestaciones de salud sexual y reproductiva pasó de 907 a 1982, lo que representó un incremento del 13,9% al 28% de la cobertura nacional. Sin embargo, persisten obstáculos en la implementación de la Ley IVE, como el expendio restringido de misoprostol bajo receta archivada, la objeción de conciencia utilizada de manera abusiva y exigencias médicas no contempladas en la normativa.
Equidad de género cuestionada
El informe además subrayó la falta de datos actualizados que impide conocer el acceso real a estos derechos y la calidad de las prestaciones. De hecho, la última encuesta nacional de salud sexual y reproductiva se realizó en 2013.
“Más allá de los datos duros, lo que revela este monitoreo es una tensión persistente entre el reconocimiento formal de derechos y las condiciones reales para ejercerlos”, explicó Carla Zapata, de Clacai.
Aborto, embarazo adolescente y mortalidad materna: datos de Argentina y la región
Los hallazgos del monitoreo muestran que los desafíos argentinos se repiten en otros países de América Latina y el Caribe. En particular, la investigación detectó problemas comunes como el desabastecimiento de anticonceptivos, requisitos arbitrarios para adolescentes y barreras legales o administrativas para el acceso al aborto.
En Chile, los procedimientos legales se duplicaron entre 2020 y 2023, en Brasil y Perú las cifras crecen sostenidamente y Uruguay mantiene más de 10.000 abortos legales anuales, mientras que en El Salvador la prohibición sigue siendo absoluta.
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Al mismo tiempo, las denuncias por violencia sexual aumentaron en la mayoría de los países: en Argentina pasaron de 23.989 en 2020 a 36.185 en 2022, en Brasil superaron las 80.000 en 2023 y en Perú se registraron más de 10.000 en 2022
Entre los hallazgos principales de la investigación aparecen las estadísticas sobre la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA). Si bien en algunos países se observa una reducción sostenida en la TEFA de 10 a 14 años, en otros persisten cifras muy altas, lo cual revela importantes desigualdades territoriales.
Por ejemplo, la TEFA de adolescentes entre 15 y 19 años en Argentina en 2022 fue de 25,2; en Colombia, en 2023, fue de 39,4; y en El Salvador de 53,61. Se trata de un indicador muy ligado a contextos de violencia sexual y a la falta de políticas integrales con enfoque de derechos.
La investigación constató que la mortalidad materna en adolescentes continúa siendo una de las principales causas de muerte de mujeres entre los 15 y 19 años en la región. Por ejemplo, en Argentina, en 2022, la tasa fue de 17 y en Ecuador de 34. En Brasil, fue de 62 según el último dato disponible de 2021.