Sobre el filo del plazo legal el Gobierno envió al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional y que es fuertemente cuestionado por la oposición y organizaciones de derechos humanos que se oponen, por ejemplo, a la autorización para que agentes de inteligencia puedan aprehender ciudadanos sin orden judicial.
A partir de este momento la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para tratarlo pero, más allá de los pedidos de la oposición, Martín Menem y Victoria Villarruel todavía no la conformaron.
La oposición tampoco tiene esperanza de que lo hagan y apuesta a ir por el rechazo directamente en el recinto. La Ley de DNU establece que una vez cumplidos los 10 días hábiles destinados a que la Bicameral lo trate, cualquiera de las Cámaras puede someterlo a votación con o sin dictamen previo de comisión. Por eso apuntan recién a la primera semana de febrero.
Para voltear un decreto de necesidad y urgencia se necesita el rechazo, por mayoría simple, en ambas cámaras. Si los 257 diputados estuvieran sentados el día de la sesión, serían 129 votos en contra.
El poroteo preliminar plantea que no están lejos en la Cámara Baja. Cuentan unos 122 diputados dispuestos a ir por el rechazo y esperan sumar voluntades a medida que se acerque la fecha.
A trazo grueso, se inclinan por el rechazo los 93 miembros de UP, 20 del interbloque Unidos (que reúne a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal) y los cuatro diputados de Izquierda. También otros legisladores de bancadas menores como la cordobesa Natalia De la Sota, el puntano Jorge «Gato» Fernández y la ex libertaria Marcela Pagano, que terminó armando un monobloque y se mueve como opositora.
Los legisladores que buscan rechazarlo señalan que técnicamente no cumple los requisitos porque no hubo «necesidad ni urgencia» para dictado del DNU y «no existió una situación excepcional que haya impedido el tratamiento del tema por el trámite ordinario de sanción de una ley».
Desde lo político se oponen porque afirman que el decreto le otorga a la SIDE «facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes». Puntualmente hacen hincapié en la posibilidad de aprehender a personas.
En el medio la Justicia debe definir si hace lugar a los amparos presentados. Dirigentes de la Coalición Cívica, el socialismo, la UCR y agrupaciones como el CELS hicieron presentaciones para que el decreto sea declarado nulo y no se aplique. Hasta el momento no levantaron la feria para tratar el tema.
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