El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una serie de intervenciones en la Villa 31, ubicada en el barrio de Retiro, con el objetivo declarado de regularizar el crecimiento del asentamiento y reforzar la seguridad. Las acciones, coordinadas por distintas áreas del ejecutivo porteño, incluyen un estricto control en los puntos de ingreso al barrio para restringir el paso de vehículos con materiales destinados a nuevas construcciones.
Operativos y cambios en la circulación
Este jueves se desplegaron retenes policiales en accesos clave como Colibrí y Ramos Mejía, cerca de la terminal de ómnibus, y en las intersecciones de Yaguareté con Islas Galápagos, próximas al Paseo del Bajo. Según informaron fuentes oficiales, cinco de las trece entradas vehiculares han sido convertidas en calles peatonales. Además, se sumarán tres nuevos puestos fijos de la Policía de la Ciudad a los tres ya existentes, se establecieron calles en contramano y se colocaron bolardos.
Declaraciones y fundamentos
El jefe de gobierno, Jorge Macri, afirmó que la iniciativa busca aplicar la ley en todo el territorio de la ciudad. «Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado», declaró. Las autoridades sostienen que el plan de urbanización iniciado en 2016 no logró contener el crecimiento descontrolado, lo que incrementa riesgos estructurales y de seguridad para los aproximadamente 45.000 habitantes.
Contexto y acciones complementarias
El comunicado oficial señaló que la informalidad en el barrio ha generado un mercado de alquileres y ventas de espacios a precios elevados, situación de la que se aprovecharían quienes lucran con la precariedad. En paralelo a los controles de acceso, en las últimas semanas se han realizado operativos para desalojar ocupaciones indebidas de veredas, clausurar depósitos ilegales de materiales de construcción y desmantelar comercios informales que obstruían la vía pública.
Uno de los hitos recientes mencionados por la gestión fue el derribo de una casilla que, según las autoridades, funcionaba como punto de venta de drogas. «Tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos», argumentó Macri. El plan de ordenamiento es implementado por los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica.