En un movimiento coordinado, los legisladores de la oposición en la Unicameral cordobesa centraron su ofensiva política en la demanda de mayor transparencia y acceso a la información pública. Los representantes de la UCR, el Frente Cívico (juecismo) y el PRO presentaron críticas convergentes hacia la administración del gobernador Martín Llaryora, acusándola de establecer barreras que dificultan el control sobre la gestión estatal.
Un frente común con eje en la información
El eje del reclamo se centra en el funcionamiento concreto de las herramientas de transparencia, más allá de la existencia de un marco normativo. Los opositores sostienen que existe una brecha significativa entre lo que establecen las leyes 8.803 (de acceso a la información) y 10.835 (de administración financiera) y su aplicación efectiva por parte del Poder Ejecutivo.
El legislador radical Miguel Nicolás señaló un «incumplimiento permanente» de estas normas, afirmando que se viola el derecho de los ciudadanos a recibir datos «completos, veraces y oportunos». Por su lado, el juecista Walter Nostrala calificó al gobierno oficialista como «refractario a los controles», en un tono que marcó la dureza del debate.
Problemas concretos en las plataformas oficiales
Las críticas no se limitan a declaraciones generales, sino que se apoyan en experiencias específicas. El principal blanco es el Portal de Transparencia del gobierno provincial. Legisladores y asesores especializados describen su uso como una navegación laberíntica, donde la información clave suele ser inaccesible o se presenta de forma agregada, sin el desglose necesario para un análisis profundo.
Áreas sensibles bajo la lupa
Casos emblemáticos ilustran estas dificultades. En el análisis del gasto de los Centros Cívicos del interior, la información disponible se reduce a montos globales, sin detalles sobre plantillas de personal, distribución territorial de los recursos o estructura de funcionamiento. Asignaciones millonarias carecen de un desglose que permita rastrear su ejecución concreta.
Otra área crítica son los procesos de licitación. Según los reclamos, para acceder a la información completa se requieren, en muchos casos, conocimientos técnicos avanzados o credenciales específicas, lo que excluye de facto a la ciudadanía común y a gran parte de la prensa. Esta opacidad, argumentan, obliga a recurrir a la Justicia para obtener datos que deberían ser públicos por defecto.
El camino de las reformas propuestas
En paralelo a las denuncias, la oposición avanza con proyectos de reforma legislativa. El objetivo declarado es elevar los estándares provinciales para equipararlos a parámetros nacionales e internacionales. Desde la UCR, la legisladora Brenda Austin impulsa una modificación integral para migrar del modelo de transparencia «a pedido» a uno de «transparencia activa», donde el Estado publique información de oficio, sin necesidad de que los ciudadanos la soliciten.
«Si el gobierno no cree en la obligación de rendir cuentas, lo que termina primando es el oscurantismo y la creación de espacios opacos que son un caldo de cultivo para la corrupción», argumentó Austin. Por su parte, el Frente Cívico concentra sus esfuerzos en reformar la ley de administración financiera para establecer plazos perentorios y obligatorios para la carga de datos en los portales oficiales.
El debate, que trasciende la coyuntura, pone en evidencia una puja por los mecanismos de control en la gestión pública. Mientras el oficialismo no se ha expedido formalmente sobre los proyectos opositores, la presión legislativa busca instalar la transparencia como un tema ineludible en la agenda política cordobesa.