El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal inició una acción judicial colectiva contra dos disposiciones específicas de la reciente reforma laboral. La presentación, realizada a través de una acción de amparo, busca que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, que modifican la Ley de Contrato de Trabajo.
Fundamentos de la impugnación
Según la entidad que preside Ricardo Gil Lavedra, las normas cuestionadas generan un perjuicio directo al ejercicio de la abogacía laboral. En concreto, el artículo que establece el pago en cuotas de las indemnizaciones es objeto de crítica por «crear una desigualdad irritante» en créditos de carácter alimentario. Por otro lado, la norma que determina responsabilidad para el profesional por solicitar indemnizaciones consideradas excesivas, bajo un criterio puramente objetivo, también es impugnada.
La acción judicial cuenta con el patrocinio de la coordinadora Legal y Técnica de la institución, Alejandra García. En los fundamentos, se alega que el nuevo régimen compromete derechos constitucionales básicos, como el derecho a trabajar, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley de los letrados.
Una defensa más allá del sector
Desde el Colegio de Abogados se enfatizó que la medida no persigue únicamente un interés corporativo. «Se trata de resguardar garantías constitucionales básicas, como el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la efectiva protección de derechos de naturaleza alimentaria», señaló García, quien también es candidata a presidir la lista Unidad en Defensa de la Abogacía.
Ambos representantes alertaron que las disposiciones impugnadas podrían afectar, en última instancia, el acceso a la justicia de los trabajadores. La presentación solicita formalmente al juez interviniente que dicte una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Apoyo al reglamento de selección de jueces
En otro orden, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la presidencia de Rosalía Silvestre, emitió un comunicado expresando su apoyo al nuevo «Reglamento de concursos para la selección de magistrados». Este reglamento fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia y remitido al Consejo de la Magistratura para su consideración.
La entidad consideró que el instrumento aportará «condiciones de objetividad y transparencia» al reducir la discrecionalidad en la selección de jueces. Destacaron especialmente la implementación de concursos anticipados, donde los postulantes rinden pruebas sin conocer el cargo específico, lo que, a su juicio, evita interferencias políticas.
Asimismo, valoraron positivamente la reducción del puntaje asignado a la entrevista personal en el proceso, entendiendo que esta modificación limita la subjetividad y asegura que los designados reúnan la idoneidad necesaria para los altos cargos judiciales.