En respuesta a un caso que conmovió a la sociedad provincial, la Legislatura del Chaco inició el tratamiento parlamentario de dos iniciativas legislativas destinadas a reforzar la lucha contra el acoso escolar. Los proyectos, presentados de manera separada, apuntan a crear marcos normativos específicos que obliguen a una intervención más rápida y definan obligaciones para los adultos involucrados.
Responsabilidad parental y protocolos escolares
Uno de los proyectos propone la creación de un Régimen de Corresponsabilidad Familiar. Este esquema establecería la obligatoriedad de que madres, padres o tutores participen en procesos de seguimiento y orientación cuando se registren episodios reiterados de hostigamiento protagonizados por sus hijos. La normativa prevé una escala de medidas ante el incumplimiento, que iría desde advertencias formales hasta la imposición de talleres obligatorios o sanciones económicas, aplicables solo tras una notificación previa y una omisión comprobada en el cuidado.
Un sistema integral para las escuelas
La segunda iniciativa busca instaurar un régimen integral contra el bullying y el ciberacoso, con exigencias concretas para todos los establecimientos educativos. Entre los puntos centrales, se destaca la obligación de contar con protocolos de actuación formalizados, designar referentes ante estos casos y llevar un registro detallado de las denuncias. Además, fija plazos perentorios: las instituciones deberán intervenir dentro de las 24 horas de conocido un hecho y reportarlo a las autoridades educativas provinciales en un máximo de 72 horas.
Sanciones y registro provincial
El proyecto dirigido a las escuelas contempla la creación de un Registro Provincial de Casos, una herramienta estadística para el diseño de políticas públicas. En materia de sanciones, establece la posibilidad de multas para colegios privados y medidas administrativas, que pueden incluir apercibimientos o incluso intervención, para los públicos. Ambas propuestas coinciden en prohibir prácticas consideradas revictimizantes, como el traslado del estudiante acosado, y en garantizar la separación inmediata entre las partes involucradas, junto con asistencia psicológica.
Contexto y presión social
El debate legislativo se enmarca en un clima de fuerte demanda social por respuestas estatales efectivas. El reciente caso de una adolescente, cuyas denuncias previas de hostigamiento no habrían recibido una contención adecuada según su familia, generó movilizaciones y colocó el tema en la agenda pública. Este contexto impulsó a los legisladores a presentar herramientas que buscan subsanar fallas en los mecanismos de detección e intervención, especialmente cuando la violencia se extiende al entorno digital.
Mientras avanza la discusión en la Legislatura, el Ministerio de Educación de la provincia ya dispuso medidas administrativas y la intervención de equipos técnicos en la institución educativa involucrada, marcando una primera respuesta institucional a la problemática.