lunes, 30 marzo, 2026
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Sindicatos de Santa Cruz cuestionan la Ley de Emergencia y reclaman apertura de paritarias

El Frente Sindical provincial emitió un comunicado exigiendo la inmediata apertura de negociaciones salariales y manifestando su rechazo al proyecto de Ley de Emergencia, al que consideran un límite para la discusión de los salarios.

El Frente Sindical Santa Cruz emitió un documento en el que exige la apertura inmediata de las paritarias. Los representantes de los trabajadores demandan una recomposición salarial y señalan que el Gobierno provincial dilata las discusiones tras dos años de gestión.

La dirigencia sindical cuestiona la administración de los fondos públicos. Mencionan que el Presupuesto 2026 incluyó un artículo para abonar el 50% del sueldo a nuevos vocales, una medida que la Justicia declaró inconstitucional. Asimismo, destacan que el Ejecutivo provincial creó más de 50 cargos nuevos en jefaturas y estructuras para el área de Energía y Minería.

Los datos contables de la provincia exponen una situación financiera compleja. El Frente Sindical rechaza el proyecto de Ley de Emergencia como herramienta para discutir salarios. Según la organización, el Gobierno intentaría imponer un techo al salario bajo la premisa de que no puede ofrecer aumentos sin la aprobación de dicha norma.

Los gremios sostienen que la gestión aplica ajustes sobre los trabajadores a pesar de los récords de producción y exportación en Santa Cruz. La falta de diálogo paritario afecta actualmente a los sectores de Salud, Educación, Viales y a la Policía. En el ámbito judicial, la administración incumple pagos pactados.

Por otra parte, trabajadores nacionales de sectores como Bancarios, INTA, Anses, Universidades, Enacom, CDR y Agricultura Familiar carecen de atención oficial ante la crisis de sus instituciones, según el comunicado.

El documento advierte que la administración poseería recursos para sostener estructuras políticas y cargos, pero faltaría voluntad para atender el salario. El frente sindical afirma que el Ejecutivo decidiría cargar la crisis sobre los empleados estatales mientras utiliza la coparticipación como garantía de deuda.

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