El oficialismo busca aprobar este miércoles la modificación de la norma que regula la protección de glaciares, con apoyo de legisladores de provincias mineras. El proyecto apunta a clarificar la aplicación de la ley y destrabar inversiones.
Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación tratará en una sesión especial la reforma de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares. El oficialismo confía en contar con los votos necesarios para su aprobación, tras obtener dictamen favorable en comisiones con apoyo de legisladores de provincias con actividad minera.
Desde el Gobierno, el secretario de Minería, Luis Lucero, sostuvo que la reforma busca despejar «distorsiones» en la interpretación de la ley actual para evitar que se frenen proyectos productivos. En la misma línea, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, argumentó que la normativa vigente generó obstáculos para la exploración y explotación minera.
Entre los legisladores que respaldaron la iniciativa, Marcelo Orrego planteó la necesidad de compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado ambiental, defendiendo una minería «sustentable y amigable con el ambiente».
El proyecto, según sus impulsores, podría destrabar inversiones estimadas entre 20.000 y 50.000 millones de dólares, fortaleciendo sectores vinculados a la transición energética. Uno de sus ejes centrales es reforzar el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional.
La discusión reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección ambiental y el aprovechamiento de recursos. Mientras el oficialismo y las provincias mineras sostienen que la ley actual es restrictiva, sectores opositores y ambientalistas advierten sobre riesgos para las reservas estratégicas de agua.
De aprobarse, la reforma redefiniría el escenario minero en regiones cordilleranas y marcaría un punto de inflexión en la política ambiental argentina.