Un estudio de la Universidad Católica Argentina revela que, si bien hubo una mejora coyuntural en 2024 y 2025, la pobreza infantil se mantiene en niveles elevados y casi el 30% de los menores sufre inseguridad alimentaria.
La pobreza en niños y adolescentes alcanzó el 53,6% en 2025, mientras que la indigencia se ubicó en el 10,7%, según datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). El informe señala que, pese a una baja en los últimos dos años, esta mejora es coyuntural dentro de una tendencia de largo plazo al alza.
La pobreza infantil creció en comparación con la última década, con picos durante períodos de crisis. En 2010 afectaba al 45,2% de los menores, alcanzó niveles cercanos al 64-65% en 2020-2021 y un máximo del 62,9% en 2023. El nivel actual, aunque mejorado, sigue por encima de registros previos.
El 28,8% de los niños y adolescentes presentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. En paralelo, la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8%, un nivel récord impulsado por programas como la Tarjeta Alimentar y la expansión de comedores escolares y comunitarios.
La cobertura de transferencias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó al 42,5% de los menores, con una leve caída respecto al año anterior. Estos programas alcanzan principalmente a los sectores más vulnerables, aunque no logran cubrir a toda la población en situación de pobreza.
Entre otros indicadores sociales, el 19,8% de los niños dejó de asistir al médico u odontólogo por motivos económicos, siendo la atención odontológica la más postergada. En 2025, el 18,1% de los menores residía en viviendas precarias y el 20,9% en condiciones de hacinamiento. Además, el 42% vivía en hogares sin acceso a saneamiento adecuado.
El informe también destaca que el 37,5% de los niños enfrenta privaciones en vestimenta, con impacto en el plano emocional. Asimismo, se observa una caída sostenida de la natalidad: los hogares con menores pasaron del 56% en 1991 al 44% en 2022.
Desde la UCA advirtieron que las políticas de asistencia están diseñadas para complementar ingresos laborales y no para cubrirlos completamente, remarcando la necesidad de mejorar las condiciones de empleo y generar políticas de largo plazo para reducir la pobreza estructural en la infancia.