Un memorando de entendimiento firmado entre el gobierno provincial e YPF establece las condiciones para la transferencia de pasivos ambientales y laborales, generando debate sobre su impacto fiscal y ambiental.
El día 4 de marzo de 2026, Mauro Morelli Pellón recibió del gobierno provincial, en base a un amparo presentado por pedido de Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, una copia del acuerdo firmado entre la provincia e YPF. El documento, que había sido resguardado con cláusulas de confidencialidad, detalla los términos de la salida de la petrolera estatal de la zona norte de Santa Cruz.
El memorando de entendimiento entre YPF, la provincia y Fomicruz establece tres cláusulas clave: la número 3, 10 y 11. La cláusula 3 fija un pago único de 200 millones de dólares por parte de YPF, considerado como un «pago a cuenta» para cubrir contingencias, incluyendo las ambientales. Las cláusulas 10 y 11 determinan que cualquier daño ambiental preexistente o pasivo laboral no incluido en el programa de saneamiento será absorbido por Fomicruz o transferido a futuros operadores.
Además, una adenda permite a la provincia utilizar un bono resarcitorio de 60 millones de dólares para gastos corrientes u obligaciones generales, en lugar de destinarlo exclusivamente a infraestructura o remediación. El acuerdo no fue tratado en la Cámara de Diputados provincial.
El intendente Grasso, quien tuvo acceso al documento, no ha realizado una denuncia penal formal al respecto. Tampoco se ha registrado una presentación similar por parte de diputados provinciales.