La Cámara de Casación Penal dispuso la ejecución del decomiso de 111 inmuebles y otros activos para resarcir al Estado por más de 684.000 millones de pesos en la causa Vialidad.
La Cámara de Casación Penal (Sala IV) ordenó la ejecución y decomiso de bienes de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en el marco de la “causa Vialidad”. El objetivo es resarcir al Estado por un perjuicio económico estimado en más de 684.000 millones de pesos ($684.990.350.139,86).
La medida incluye propiedades y lotes cedidos a los hijos de la ex presidenta, entre ellos diez departamentos en la calle Mitre al 500, un inmueble en 25 de Mayo al 200, una propiedad en Presidente Néstor Kirchner al 400, e inmuebles en El Calafate. También se decomisaron grandes extensiones de terreno, como una parcela de 6.001,64 m² en Avenida 17 de Octubre al 800, los terrenos del Complejo Hotel Los Sauces, una propiedad de 44.106 m² y otra de 87.046 m² adquiridas en 2007.
Además, se incluyen el departamento en Recoleta donde cumple prisión domiciliaria Cristina Fernández y dinero en efectivo incautado: USD 4.664.000 de una caja de seguridad de Florencia Kirchner, USD 992.134 de una caja de ahorro, y sumas menores en pesos. El decomiso también alcanza a bienes de empresas vinculadas a Lázaro Báez: Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.
Los jueces determinaron que todos los activos pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que administrará y subastará los bienes. Del total de 111 inmuebles, 84 corresponden a Lázaro Báez y sus empresas. La resolución judicial considera a estas firmas como parte de una misma “interconexión económica” orientada a la maniobra de corrupción.