La Cámara de Casación Penal dispuso la ejecución y decomiso de propiedades y activos de la expresidenta, sus hijos y Lázaro Báez para resarcir al Estado por un perjuicio de más de 684 mil millones de pesos.
La Cámara de Casación Penal (Sala IV) ordenó la ejecución y decomiso de bienes de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en el marco de la causa Vialidad. El objetivo es resarcir al Estado por un perjuicio económico estimado en más de 684.990 millones de pesos.
La Justicia determinó que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados, si guardan relación con la maniobra investigada. En esta primera etapa se ordenó ejecutar propiedades que fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, entre ellas diez unidades en la calle Mitre al 500, un inmueble en 25 de Mayo al 200, una propiedad en Presidente Néstor Kirchner al 400, e inmuebles en El Calafate.
También se decomisaron grandes extensiones de tierras, como un terreno en Avenida 17 de Octubre al 800 de 6.001 metros cuadrados, el Complejo Hotel Los Sauces, una propiedad de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados. En total, el fallo abarca 111 inmuebles, incluyendo un departamento en Recoleta y dinero en efectivo incautado: 4.664.000 dólares de una caja de seguridad de Florencia Kirchner y 992.134 dólares de una caja de ahorro.
El decomiso también incluye bienes de las empresas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, vinculadas a Lázaro Báez. Los jueces determinaron que todos los bienes pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será la encargada de su administración y de llevar adelante las subastas correspondientes.
De las 111 propiedades, 84 corresponden a Lázaro Báez y a su conglomerado de empresas. La resolución judicial acciona contra las firmas por considerarlas parte de una misma interconexión económica orientada a la maniobra de corrupción.