Un fallo del juez federal Claudio Vázquez, emitido el 24 de abril de 2026, frena la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno provincial, al considerar que implica una regresión ambiental.
El reciente fallo, emitido el 24 de abril de 2026 por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, supone un freno a la reciente reforma de la Ley de Glaciares mediante el dictado de una medida cautelar. La acción fue impulsada a partir de un amparo ambiental presentado por el municipio de El Calafate.
El juez argumentó que la reforma de la ley implica una “regresión ambiental”, es decir, que disminuye los estándares de protección ecosistémica que ya se habían alcanzado con la ley original de 2010. La justicia entiende que estos niveles de protección no pueden ser desmantelados o flexibilizados sin una justificación suficiente.
El magistrado consideró acreditado el riesgo ambiental urgente (“peligro en la demora”) y señaló que habilitar la aplicación de la nueva normativa abría la puerta a intervenciones industriales o extractivas que generarían “impactos de difícil o imposible recomposición” en zonas de alta fragilidad ecológica. Por esto, prevaleció el principio de prevención.
El fallo reafirma que tanto los glaciares como los ambientes periglaciares no son meros paisajes, sino “reservas estratégicas de agua dulce” que funcionan como reguladores esenciales para el equilibrio ambiental y el abastecimiento hídrico frente al estrés global.
La cautelar suspende la aplicación de los cambios introducidos por la reforma (los cuales reducían el alcance de las áreas protegidas y redefinían qué es el ambiente periglacial) y mantiene vigente el piso de protección estricto de la ley original de 2010 en todo el territorio de Santa Cruz, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la nueva ley.
El gobierno provincial de Santa Cruz, que se había manifestado a favor de la reforma argumentando la necesidad de potenciar su capacidad productiva y laboral, y cuyos legisladores habían votado con el gobierno nacional, se ve directamente limitado en materia de minería periglaciar. La principal consecuencia práctica del fallo es que la provincia no puede otorgar permisos, concesiones ni habilitar operaciones mineras (de exploración o explotación) en ambientes periglaciares.
La reforma pretendía habilitar actividades extractivas en estas zonas evaluando cada caso según su “función hídrica”, pero con la suspensión judicial, toda la zona periglaciar vuelve a estar estrictamente restringida por defecto. La provincia y particularmente el gobernador Vidal quedan impedidos de revisar o alterar el inventario de glaciares para excluir áreas de interés comercial a favor de las empresas mineras.
La reforma otorgaba mayor poder a las provincias cordilleranas para decidir sobre esos territorios estratégicos y fomentar la llegada de inversiones mineras. El fallo frena esta transferencia de poder discrecional, supeditando el interés productivo y económico (defendido por el gobierno provincial) a la protección ambiental de alcance nacional.
Recordemos que el gobernador Claudio Vidal viene activando todos los resortes necesarios para traer a Santa Cruz a empresas multinacionales que exploten las áreas periglaciares. En diciembre de 2024, el oficialismo aceleró la asunción de Pedro Luxen como diputado para garantizar la mayoría y logró aprobar la adhesión de Santa Cruz al RIGI nacional bajo el argumento de que “sin inversión no hay futuro”.
Para operativizar la llegada de capitales y destrabar cuellos de botella burocráticos, Vidal conformó “un espacio de diálogo directo” con las principales empresas que operan en el Macizo del Deseado (Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cerro Moro, Minera Santa Cruz, Patagonia Gold y Minera Don Nicolás). El objetivo de esta mesa es establecer una agenda conjunta para agilizar proyectos de exploración y explotación en nuevas áreas, garantizando previsibilidad a los inversores.
Entendiendo que el RIGI nacional (que exige un piso de inversión de 200 millones de dólares) debía complementarse para maximizar el rinde de los yacimientos maduros, el gobierno provincial presentó a las mineras un proyecto de reducción de regalías aplicable exclusivamente a aquellas empresas que logren aumentar sus niveles de extracción, premiando fiscalmente la expansión operativa.