Trabajadores y gremios denuncian a Paula Alejandra Álvarez, titular de la UGL XXVIII del PAMI en Santa Cruz, por violencia laboral, amenazas y disciplinamiento contra empleados.
Trabajadores y entidades gremiales (ATE, CTA Autónoma y CLATE) convocados en la Mesa Federal de ATE denunciaron a la directora de la UGL XXVIII del PAMI local, Paula Alejandra Álvarez, por ejercer violencia laboral y presiones contra el personal. Álvarez, referente de La Libertad Avanza junto al diputado Jairo Guzmán, a quien sustituyó al frente del organismo, es acusada de amenazas y disciplinamiento en el PAMI.
Según las denuncias, directivos que responden a la funcionaria intimidan a los empleados a viva voz, confirmando la existencia de “listas de sanciones” y advirtiendo que sus puestos de trabajo están en riesgo. Este procedimiento ya había sido aplicado anteriormente por el diputado nacional Jairo Guzmán, quien también realizó compras de cámaras de vigilancia a nombre del PAMI para colocarlas en el local partidario de su partido.
Ahora, acusan a la responsable del PAMI local de aplicar sanciones como represalia a quienes ejercen su derecho a participar en asambleas y de ordenar a los trabajadores “no interactuar con empleados de la gestión anterior”, a quienes estigmatizan tildándolos de “K”, buscando quebrar la solidaridad laboral. Los gremios exigen el cese inmediato de estas prácticas.
Pese al temor a represalias, el hartazgo de los casi 40 empleados del instituto dio lugar a un comunicado que, según las fuentes, es solo el inicio de una ola de reclamos más profundos. Puntualmente, apuntan a la señora Álvarez, quien vino desde Las Heras donde era titular de la Agencia del PAMI en esa ciudad, como ideóloga y ejecutora de las tareas de hostigamiento y persecución que antes llevaba a cabo el propio Guzmán.
“Si no lo hace ella personalmente, manda a sus secuaces a ejecutar esas amenazas”, remarcó una fuente consultada, detallando que “intiman a los empleados a no moverse de sus oficinas, a no hablar con tal o cual porque de no obedecer van a ser sancionados con riesgo de perder el trabajo”.
Otro representante gremial de ATE aseguró que la titular del PAMI local no atiende a los afiliados ni a los proveedores y utiliza para sus acciones de amedrentamiento al segundo del PAMI, Lucas Oyarzo, o al abogado Matías Velázquez Kurger y su hermano Maximiliano, quienes se encargan de presionar especialmente a empleadas mujeres. Los hermanos Kurger provienen de Trelew. Maximiliano es tesorero de LLA y en el PAMI Santa Cruz se desempeña como Jefe del Departamento Administrativo, mientras que Matías Kurger es Apoderado del partido y Jefe del Departamento Jurídico.
Según las denuncias de ATE, ninguno de ellos cumple horario ni un rol específico, sino que el trabajo lo hace el personal a cargo con experiencia. “Están puestos acá por LLA para ser la mano de obra sucia de esta señora, que como Jairo Guzmán están detrás de esta campaña de desgaste y disciplinamiento a los empleados que hace años trabajan y hoy padecen estos maltratos con el solo fin de que renuncien o den excusas para echarlos, para colocar en esos lugares a gente del partido”, concluyó la fuente.