Pese a las protestas y el malestar social, la administración de Javier Milei profundiza la reducción del gasto público con un nuevo decreto de recorte por $1,47 billones. Las áreas más afectadas son universidades, salud y obra pública.
El Gobierno nacional confirmó que mantendrá el plan de ajuste fiscal a pesar del creciente malestar social. La Casa Rosada busca preservar el superávit y blindar el programa económico, según informaron fuentes oficiales.
Tras la publicación de un nuevo decreto de recorte presupuestario por $1,47 billones (equivalente al 1,6% del PBI), el Ejecutivo ratificó su estrategia de equilibrio fiscal. La medida fue anunciada en la previa de la Marcha Federal Universitaria, que reunió a estudiantes, docentes y sindicatos en distintas ciudades del país.
Desde el oficialismo aseguran que no habrá cambios de rumbo. La prioridad continúa siendo sostener el déficit cero y consolidar las variables macroeconómicas, incluso si esto implica ajustes en áreas sensibles como educación, salud y obra pública.
Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades nacionales registran una fuerte caída real desde 2023. El Gobierno, por su parte, acusa a sectores opositores de politizar el conflicto y defiende su postura como necesaria para la estabilidad económica.
Gobernadores, intendentes y sectores productivos advierten sobre la paralización de obras públicas y el impacto en economías regionales. En la Casa Rosada consideran que ceder ante las protestas implicaría poner en riesgo la identidad del Gobierno y el relato construido desde la campaña electoral.
El oficialismo apuesta a que una eventual recuperación económica y una desaceleración inflacionaria puedan amortiguar el desgaste social de cara al calendario electoral. No obstante, persiste la incógnita sobre cuánto tiempo podrá sostenerse el respaldo social si el ajuste continúa profundizándose.